SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2020-S2

Con relación al punto (c), relativo a que -No fue compulsado debidamente el alcance de la confesión contenidos en los arts. 156 y 162.II de la Ley Adjetiva Civil vigente, la cual hace plena prueba contra la parte que lo realiza-; la Resolución que se examina, no hizo mención alguna a este punto, ya que este aspecto no fue reclamado en el memorial de demanda de nulidad de título ejecutorial ni en el de dúplica presentado por los demandantes; es decir, del contenido de la referida demanda (fs. 67 a 73 vta.), así como del memorial de dúplica (fs. 97 y vta.), se tiene que los demandantes no invocaron la aplicación de dicha normativa, referida a la confesión efectuada por la parte demandada, como una de sus pretensiones; aspecto que impide a este Tribunal pronunciarse al respecto, en razón a que no es permisible que a través de una acción tutelar, como la que nos ocupa, se inserten nuevos elementos que no fueron reclamados en su oportunidad en el proceso de origen.

Por lo anotado, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1^a 05/2019, en su contenido no incurrió en la lesión de los derechos invocados por los impetrantes de tutela, conforme lo señalado precedentemente, consiguientemente las autoridades demandadas no cometieron la vulneración alegada por la parte accionante, ello en base a las consideraciones jurisprudenciales descritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional, por cuanto la indicada Sentencia contiene la fundamentación, motivación y congruencia pertinentes, cuyos razonamientos responden a una adecuada valoración de prueba presentada, y la aplicación de la normativa al caso; motivo por el cual, no es viable otorgar la tutela solicitada con relación a las autoridades agroambientales demandadas que suscribieron el fallo ahora impugnado.

Nótese sin embargo, que la problemática planteada en el caso en examen, en síntesis alude a la necesidad de la judicatura agroambiental antes agraria, de contar con un procedimiento propio, toda vez que a la fecha carece de una ley adjetiva que responda a las necesidades y naturaleza de esta; es decir, que la aplicación supletoria de la normativa adjetiva civil, si bien cubre el vacío normativo aludido, no lo hace en la dimensión y naturaleza que caracteriza a la jurisdicción agroambiental, pues no guarda una relación intrínseca con el ámbito de acción propiamente dicho, por cuanto la normativa procesal civil responde a un orden diferente al de la judicatura agroambiental, en los que sus institutos difieren ostensiblemente. De ahí, que concierne a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dotar de un instrumento normativo adjetivo propio, por la que dicha jurisdicción resuelva los procesos cuya competencia le fue conferida, con base en un procedimiento adecuado a su ámbito de acción.