SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2020-S2

La acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento de todos los medios de defensa intraprocesales previo a acudir a la justicia constitucional a través de la presente garantía jurisdiccional; es decir, la acción de amparo constitucional no debe ser considerada como un mecanismo paralelo de defensa de los derechos y garantías del justiciable, sino que, su activación está condicionada a que una vez agotados los medios ordinarios de protección, los mismos resulten ineficaces e inoportunos en la medida que el acto considerado de ilegal persista o el derecho cuya tutela se pretende continúe vulnerado o amenazado; en efecto, la presente acción de defensa se constituye en el instrumento constitucional de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, para suplir las deficiencias o la ineficacia de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos, salvo ante un daño inminente o irremediable.

El referido principio, tiene fundamento en el art. 129.I de la CPE, que señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.