SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0081/2020-S2

El “6 de 2019”, la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobó la Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales, para luego remitirla a la Cámara de Senadores. El 6 de diciembre del citado año, el Ministro de la Presidencia comunicó abiertamente que la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, ejercerá su prerrogativa constitucional del veto del proyecto mencionado; por su parte, la actual demandada afirmó que si se vetara la referida Ley, su persona la promulgaría, lo cual constituiría una grave amenaza de violación a derechos y garantías constitucionales de los bolivianos, de las víctimas fatales y de sus familiares; asimismo, el 15 de enero de 2020, la prenombrada pidió públicamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Estado “…promulgar la ley DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS,ADVIRTIENDO QUE EN CASO DE R[E]CHAZO SER[Á] PROMULGADA POR ELLA” (sic).

La autoridad demandada, amenaza transgredir el derecho a la verdad, consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y definido como derecho colectivo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ignacio Ellacuría contra El Salvador, mismo que no se limita a los casos de desapariciones forzadas, sino a cualquier tipo de lesión manifiesta de derechos humanos.

Este derecho se basa en el deber de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos y en particular llevar adelante una investigación eficaz de las vulneraciones manifiestas, tal como se expresó en el caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia; asimismo, no está dirigido solo a proteger a la víctima, sino también a sus familiares y a la sociedad; por lo que, tiene una dimensión evidentemente colectiva.