SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0349/2020-S3

Ahora bien, siendo que la problemática a resolver, tiene como antecedente la emisión de la RA RCI/AD/023/2017 de 22 de agosto, por la cual, el Director General Ejecutivo de la UPRE, determinó resolver el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0926/2013 de 16 de agosto, suscrito por la referida entidad con el GAM de El Alto, para la ejecución del proyecto “…CONSTRUCCIÓN BATERIA DE BAÑOS UNIDAD EDUCATIVA CORAZÓN DE SUD AMÉRICA…” (sic), a cuya consecuencia la citada entidad municipal planteó recurso de revocatoria y ante la confirmación de la decisión asumida, recurrió de recurso jerárquico (Conclusiones II.2 y II.3); empero, ante la falta de respuesta a este medio de impugnación, la referida entidad municipal presentó las notas descritas en las Conclusiones II.5, II.6 y II.7 del presente fallo constitucional, solicitando se declare el silencio administrativo positivo. De donde resulta que dada la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico en el proceso administrativo se tiene por cumplido el principio de subsidiariedad; correspondiendo ahora analizar si el principio de inmediatez fue observado o no, a tal efecto corresponde hacer una relación de las notas presentadas por el GAM de El Alto respecto de su reclamo de un pronunciamiento al recurso jerárquico interpuesto el 26 de diciembre de 2017. Así, mediante nota GAMEA/DAM/2632/2018, dirigida al Ministro de la Presidencia recepcionada en dicho ministerio el 3 de mayo de 2018, la Alcaldesa del GAM de El Alto, solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo con respecto al recurso jerárquico interpuesto contra la RA RCD/AD/057/2017 de 23 de noviembre, por no existir pronunciamiento dentro del plazo establecido en el art. 67 de la LPA; de igual forma, mediante nota GAMEA/DAM/3010/2019, presentada el 27 de mayo de 2019, en el referido Ministerio, dicha misiva se limitó a remitir el Informe DGAL/UAJ/AC/LDAA/INF-28/2019 de 9 de mayo, para que el Ministro de la Presidencia se pronuncie sobre el mismo, el cual concluía que, en aplicación de lo dispuesto por los arts. 17.V y 67.II de la LPA, operó el silencio administrativo positivo con respecto al precitado recurso jerárquico interpuesto (fs. 344 a 350). Finalmente, la indicada entidad edil, el 8 de julio de 2019, presentó la nota GAMEA/DAM/3321/2019, también dirigida a la autoridad accionada, pidiendo pronunciamiento expreso respecto a que operó silencio administrativo positivo.

Como podrá advertirse, entre la primera nota presentada en mayo de 2018 y la segunda el 27 de mayo de 2019, transcurrió un año, para efectuar el mismo reclamo, para finalmente plantear la acción de amparo constitucional el 3 de septiembre del citado año; es decir, que la parte ahora peticionante de tutela se limitó a presentar un primer reclamo el 3 de mayo de 2018 y esperó pasivamente durante un año para recién efectuar un nuevo reclamo al aparente silencio de la autoridad ahora accionada. Actuar que ciertamente desconoce el principio de inmediatez; por cuanto, correspondía a la parte accionante hacer el seguimiento del recurso y estar pendiente de la respuesta o silencio de la administración para hacer uso de los medios de reclamación o impugnativo que la normativa al interior del proceso administrativo así lo permite, que no pueden ser esporádicos, ocasionales o circunstanciales sino que una vez realizado el reclamo se debe exigir una respuesta oportuna y dentro del plazo, en caso de no existir plazo para dicho efecto, corresponderá reiterar oportunamente lo solicitado y ante la falta de respuesta o pronunciamiento, según corresponda, plantear la acción de amparo constitucional. Al respecto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1, estableció: “…no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte”. Consecuentemente, habiéndose constatado que la parte hoy impetrante de tutela dejó transcurrir más de seis meses entre su primer reclamo realizado el 3 de mayo de 2018 y el segundo el 27 de mayo de 2019, la acción planteada se encuentra fuera del plazo previsto en el art. 129.II de la CPE y el art. 55 del CPCo; situación que impide que este Tribunal ingrese a efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico planteado, en razón a que era obligación de la entidad peticionante de tutela realizar el seguimiento a su reclamación y al considerar que no recibía una respuesta, debió activar los medios de reclamación o impugnación que la normativa prevé al respecto en el proceso administrativo de manera oportuna y no así luego de un año.

Respecto a que el cómputo de la inmediatez debiera realizarse a partir de la presentación de la nota GAMEA/DAM/3321/2019, ello no es posible por las razones indicadas precedentemente, considerando que el contenido de dicha nota es exactamente el mismo que el realizado en el escrito presentado el 3 de mayo de 2018; encontrándose, fuera del plazo dispuesto para plantear la acción de amparo constitucional y porque correspondía activar los recursos que el orden jurídico prevé al interior del proceso administrativo.  

Finalmente, resuelto como se encuentra el problema jurídico traído a conocimiento de este Tribunal, corresponde aclarar que, cuando se denuncie la vulneración al derecho a la petición al interior de un proceso administrativo, deberá tenerse en cuenta lo establecido por la  SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, respecto a las diferencias entre las pretensiones dentro de un proceso administrativo o judicial y las peticiones de carácter autónomo, sosteniendo dicho fallo que en el caso de las primeras no corresponde tutela del mencionado derecho de petición, debido a que debe sujetarse al procedimiento respectivo a diferencia de la petición o solicitud realizada de manera autónoma.