SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2020-S2
Fecha: 19-Ago-2020
III.3. Análisis del caso concreto
De los antecedentes que informan del caso se evidencia que la parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el 20 de mayo de 2019 (Conclusión II.2) solicitó la adopción de medidas cautelares respecto a la Sentencia de 31 -confirmada por el Auto Supremo 55/2019- (Conclusión III.1); empero, la autoridad ahora demandada no emitió respuesta; por lo que, el 23 de julio del mismo año insistió en su petición (Conclusión III.3), aclarando que procuraba a la vez la ejecución del Auto Supremo precitado; y, al no recibir ningún pronunciamiento, el 13 de agosto de igual gestión, reiteró lo impetrado (Conclusión III.4); sin tener contestación hasta la fecha de presentación de su acción tutelar, bajo el argumento -según afirmó- de no existir ningún plazo para resolver sus requerimientos, en observancia del art. 216.III del CPC.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso
- dentro de un proceso sea administrativo o judicial
- dentro de un proceso judicial
- corresponde a la autoridad competente
- la tutela del derecho a la petición
- pretensión reglada
- III.2. Del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia
- dos derechos humanos
- 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción
- se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
- III.3. Análisis del caso concreto
- se trata de una pretensión
- pretensiones regladas
- propias de la actividad jurisdiccional reglada
- Respecto al derecho a la tutela judicial o acceso a la justicia
- la ejecución de la Sentencia 31
- CONFIRMAR en parte
- derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina española como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la Resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada