SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2021-S2

           Al respecto, expuestos los antecedentes, se advierte que los impetrantes de tutela denunciaron que la Federación Departamental de Choferes “1ro. de Mayo” de La Paz, anunció un paro indefinido de transportes o el bloqueo de las mil esquinas, lo que generaría perjuicios en contra de la colectividad, poniendo en riesgo la integridad de las personas, limitando el acceso a la transitabilidad, a la salud y a la educación. Es así que, sin especificar la fecha de realización del aludido paro y bloqueo, los peticionantes de tutela, interpusieron la presente acción popular; verificándose de obrados que los demandados emitieron la Resolución de Ampliado, que fue realizado el 4 de septiembre de 2019, en cuyo punto “2°”, determinaron paro departamental de veinticuatro horas para el 10 de igual mes y año, sujeto a cronograma para su cumplimiento; sin embargo, el mismo no se efectivizó; toda vez que, fue suspendido por la realización de acuerdos con el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que beneficiaría a ambas partes en conflicto. En ese orden, se constata que, si bien esta acción de defensa fue presentada el 30 de agosto del año mencionado, fue notificada a la Federación Departamental de Choferes “1ro. de Mayo” de La Paz, el 11 del mes y año señalados (fs. 53), cuando había desaparecido la vulneración o amenaza a los derechos e intereses colectivos, en virtud a la no realización de la medida de presión; circunstancia, por la que, corresponde aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico precedente, referente a la sustracción de objeto procesal, debiendo tomar en cuenta que esta acción fue notificada a los demandados al día siguiente que fue suspendido el paro que motivó su planteamiento, no habiéndose producido la transgresión de derechos colectivos denunciada; es decir, que habían cesado y eran inexistentes; de modo tal que, al momento de pronunciarse el fallo constitucional correspondiente, no existe la amenaza o restricción de los derechos denunciados como conculcados, resultando innecesaria la protección constitucional que le es inherente a la acción popular con relación al caso concreto; en ese marco, concierne denegar la tutela solicitada.