SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2021-S2

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; se encuentra privado de libertad en su domicilio ubicado en calle 7 de Agosto número 71, zona Alto Tacagua de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por determinación del Auto Interlocutorio 559/2018 de 22 de noviembre, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz. Al haberse demostrado su inocencia dentro del proceso investigativo, Maritza Cecilia Tórrez Arismendi, Fiscal de Materia asignada al caso, emitió la Resolución de sobreseimiento 002/2019 de 17 de junio, ratificada por la Resolución FDLP/WEAL-S-397/2019 de 30 de octubre -jerárquica-, dictada por el Fiscal Departamental del indicado departamento; en la cual, se dispuso la conclusión de la referida causa, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de antecedentes penales.

Dicha determinación, se puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional el 13 de enero de 2020; en merito a ello, el 10 de marzo del citado año, solicitó a la mencionada autoridad el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no obtuvo respuesta alguna; por el contrario, este requirió informe a la Secretaria del referido Juzgado, para dar curso a su petición; misma que de igual manera, se negó a elaborar ese documento argumentando que existirían actos investigativos pendientes y tendría otros procesos en curso.

Transcurrieron más de seis meses y medio sin que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, haya dado cumplimiento a la Resolución FDLP/WEAL-S-397/2019 -jerárquica-, disponiendo el levantamiento de su detención domiciliaria y en consecuencia su libertad irrestricta, ocasionándose una dilación indebida al resolver su situación jurídica; circunstancias empeoradas debido a la crisis sanitaria que se atraviesa a causa de la pandemia del COVID-19, pues su salud y vida, y la de sus hijos se encuentran en peligro porque no tienen los medios económicos para su alimentación y medicamentos; por lo cual, recurrió a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.