SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2021

De los datos adjuntos al presente conflicto de competencias, se advierte que el mismo surge como consecuencia de la denuncia penal interpuesta el 4 de septiembre de 2018, por Juan Melgar Arredondo, Sonia Arredondo Chacanary y Erica Candia Algarañaz contra Jacinta Cuasase Eve, Erika Salazar Álvarez, Wilfredo Viruez Alva y otros, por la presunta comisión de los delitos de amenazas, lesiones graves y leves, tentativa de homicidio, instigación pública a delinquir, racismo y discriminación; mismo que fue admitida por el Ministerio Público de Concepción del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución Fiscal de 5 de septiembre de 2018, en torno a los delitos mencionados excepto en relación a los de racismo y discriminación; y que luego mediante escrito presentado el 5 de igual mes y año, fue puesto a conocimiento del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del mismo departamento, el inicio de la investigación penal; que se tuvo presente por la indicada autoridad judicial, mediante decreto de similar mes y año.

Precisados los antecedentes que cursan en obrados, cabe mencionar con carácter previo al análisis del conflicto de competencias planteado, en relación a la solicitud del Fiscal de Materia de dar curso a la declinatoria de competencia del Juez de la causa, realizado en ocasión del traslado a las excepciones presentadas ante la autoridad jurisdiccional, en mérito a que la cuestión litigiosa ya habría sido resuelta por la JIOC; que, además de los fundamentos vertidos por la autoridad mencionada a tiempo de rechazar las citadas excepciones, consta que la citada Resolución 22/2018 de 21 de agosto, resuelve una problemática distinta a la que motiva la apertura del proceso penal objeto del presente conflicto de competencias, no siendo evidente la existencia de “cosa juzgada” respecto a dicha problemática.