SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 022/2023

FJ.II.1.3. Análisis del caso en concreto.- Resolviendo la presente causa, se debe establecer que la parte demandante presentó demanda de Nulidad de Título Ejecutorial N° PPD-NAL-602741, de 28 de junio de 2016, emitido dentro el proceso de saneamiento correspondiente al predio “Tuyuyu”, ubicado en el municipio de Trinidad, provincia Cercado del departamento del Beni, la cual fue revisada y analizada por éste Tribunal Agroambiental, llegándose a establecer y observar de manera previa, que una demanda de Nulidad de Título Ejecutorial, debe precisar el vicio o los vicios de nulidad que se impugnan y sobre todo acreditar mediante prueba su relación con los hechos que se consideraron en el curso del proceso de saneamiento, confirmando que el hecho irregular que se acusa ha existido y que el mismo constituye causal de nulidad; sin embargo, dicha tarea jurídica involucra fundamentar y motivar lo demandado, exponiendo de manera clara los hechos establecidos que se reclaman, dado que toda autoridad que conozca una demanda, debe dictar o emitir una resolución resolviendo dicha situación jurídica, pues la estructura de una sentencia en el fondo o en la forma, debe dejar convencidas a las partes de que el fallo ha emergido de lo peticionado y del debido proceso, así como de la aplicación de las normas sustantivas y adjetivas, regidas bajo los principios y valores constitucionales consagrados en la Norma Suprema; en este marco, debe quedar claramente establecido que una acción de Nulidad de Título Ejecutorial busca en esencia que el Tribunal Agroambiental, instancia del Órgano Judicial competente por ley, realice un control de legalidad a los actos procesales desarrollados en sede administrativa, valorando las pruebas coetáneas a momento del proceso de saneamiento a fin de determinar si los documentos administrativos u otros, que son cuestionados, surgieron de un debido proceso; no obstante de ello, esta facultad no puede ejercerse de forma discrecional, sino que necesariamente deberá enmarcarse a resolver los puntos denunciados en la demanda; es decir, analizando el vicio de nulidad absoluta que se acusa, subsumiendo los hechos y actos denunciados vinculándolos a las infracciones de leyes que interesan al orden público, especificando las irregularidades u omisiones que llegaron a impedir la existencia de algunos de los elementos esenciales, como lo establece el art. 50.I de la Ley N° 1715 y sobre todo, cuando dicho vicio no habría sido revocado con anterioridad en sede administrativa, haciendo necesaria la declaración judicial de Nulidad del Título Ejecutorial que se demanda.

Ahora bien, la demanda denuncia de manera clara los hechos suscitados en el proceso de saneamiento del predio “Tuyuyu”, amparándose en las causales de nulidad establecidas en el art. 50.I.1.a.c y I.2.b.c de la Ley N° 1715, confundiendo la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial con la demanda Contencioso Administrativa, la cual no fue instaurada en plazo de Ley ante ésta instancia, considerando que la naturaleza jurídica de ambos procesos son diferentes; en ese entendido, se debe establecer que en una demanda de Nulidad de Título Ejecutorial, corresponde precisar el vicio o los vicios de nulidad que se impugnan y sobre todo acreditar mediante prueba su relación con los hechos que se consideraron en el curso del proceso de saneamiento, confirmando que el hecho irregular que se acusa ha existido y que el mismo constituye causal de nulidad; sin embargo, conforme a los alcances del principio pro - actione, el cual está vinculado al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que exige a los órganos judiciales, la exclusión de determinadas aplicaciones o interpretaciones de los presupuestos procesales que obstaculicen injustificadamente el derecho del litigante, a que un órgano judicial, conozca y resuelva su pretensión, nos corresponde revisar y examinar los antecedentes cursantes en obrados y el proceso mismo de saneamiento que dio curso a la emisión del Título Ejecutorial N° PPD-NAL-602741, de 28 de junio de 2016; en ese contexto, se tiene lo siguiente:

CON RELACIÓN A LAS CAUSALES DEMANDADAS.- En revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento se advierte que durante la ejecución del Relevamiento de Información en Campo, la representante legal del Ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada, se apersonó como beneficiario del predio "Dinamarca" y es así que durante el levantamiento de la Ficha Catastral, cursante a fs. 141 y vta. de los antecedentes prediales, la representante de la referida institución, Patricia Suárez Patiño, Encargada Distrital Beni del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, en el acápite V. Observaciones, dejó en constancia que: "La representante del predio Dinamarca - de propiedad del Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada, manifiesta que se valore los antecedentes y la tradición civil presentada a efectos de definir derecho propietario"; invocando textualmente lo dispuesto por el art. 339.II de la CPE, manifestando además que, la alambrada le pertenece al predio "Dinamarca"; asimismo, también se evidencia que de fs. 150 a 152 de antecedentes de saneamiento, en el Registro de Mejoras y en las Fotografías de Mejoras, glosado en el punto I.5.2. del presente fallo, se registra que el predio "Dinamarca" no cuenta con mejoras; al efecto, de la revisión del Informe en Conclusiones Saneamiento de Oficio (SAN SIM) Titulado de 05 de noviembre de 2013, que cursa de fs. 658 a 674 de la carpeta predial, el cual se encuentra descrito en el punto I.5.4. de la presente resolución, en lo relevante, se advierte que en el acápite 3. "Relación de Relevamiento de Información en Campo", con relación al predio "Dinamarca" en observaciones indica que, en el área mensurada de dicho predio, se identificó el Expediente Agrario N° 8203, del predio "Bello Horizonte", aclarando que el mismo no fue reclamado por la parte interesada; y en referencia al predio "Tuyuyu", el mismo documento administrativo señala que, por los documentos presentados al INRA, se verificó que el beneficiario cumple con la tradición civil y derecho propietario traslativo respecto al antecedente N° 8203 del predio "Bello Horizonte"; en tal circunstancia, respecto al conflicto de sobreposición entre los predios "Dinamarca" y "Tuyuyu", estableció que durante el Relevamiento de Información en Campo, el beneficiario del predio "Dinamarca", no acreditó su tradición en relación al Expediente Agrario N° 8203 y no demostró el cumplimiento de la Función Social o Económica Social, advirtiéndose que el beneficiario del referido predio fue evaluado como poseedor; ahora bien, con relación al predio "Tuyuyu", se establece que había demostrado traslación de derecho propietario respecto al Expediente Agrario N° 8203 y el cumplimiento de la Función Social, conforme se tiene de la Ficha Catastral, Formulario Verificación FES de Campo, Registro de Mejoras y el Formulario Adicional de Área o Predios en Conflicto, por lo que se sugirió reconocer el área de sobreposición a favor del predio mensurado "Tuyuyu"; en tal razón, el Informe en Conclusiones sugirió que se emita Resolución Suprema Anulatoria del Título Ejecutorial N° 345202, con Expediente N° 8203 y Vía Conversión se emita nuevo Título a favor de Armando Melgar Solíz, sobre la superficie de 350.5609 ha del predio "Tuyuyu", estableciendo la ilegalidad de la posesión del Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada, sobre el predio mensurado "Dinamarca", por incumplimiento de la Función Social y por la afectación de derechos legalmente adquiridos, declarando la ilegalidad de la posesión, disponiendo el desalojo correspondiente, en aplicación de las disposiciones vigentes, correspondiendo reconocer dicha superficie a favor del predio mensurado “Tuyuyu”, cuyos resultados fueron socializados conforme cursa de fs. 684 a 685 de antecedentes prediales, a través del Informe de Cierre de 06 de noviembre de 2013, como lo establece el punto I.5.5. de ésta sentencia; habiéndose procedido a notificar a Patricia Suárez Patiño, Encargada Distrital Beni a.i. del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, el 13 de noviembre de 2013, la misma que firmó en constancia dicho formulario de notificación; por otra parte, también se debe señalar que de acuerdo al Informe en Conclusiones, anteriormente descrito, se advierte que la superficie total mensurada del predio "Tuyuyu" fue de 1155.5302 ha y al encontrarse el 69.66%; es decir, la superficie de 804.9693 ha, sobrepuesta al radio urbano del municipio de Trinidad, se estableció que la superficie total para la evaluación era de 350.5609 ha; correspondiendo precisar además que, Armando Melgar Solíz, beneficiario del predio "Tuyuyu", adjuntó al proceso de saneamiento el Testimonio N° 32 de 7 de febrero de 1972, anotado en el punto I.5.9 de la presente sentencia, de escritura de división y partición de bienes hereditarios que se realiza en favor de los herederos Carmen Ribera Vda. de Arteaga (esposa), Elvia, Etelvina, Edith e Isaías Arteaga Ribera (hijos del segundo matrimonio) a favor de Marciano, Emilio, Ovidio, José, Eladio, Gonzalo y César Arteaga Figueroa (hijos del primer matrimonio), declaratoria de herederos donde se dividió la propiedad "Bello Horizonte" con Título Ejecutorial N° 345202 de 07 de febrero de 1972, emitido con base al Antecedente Agrario N° 8203 a favor de José Arteaga Franco, en dos partes iguales, una para la esposa y la otra para los once hijos; de los antecedentes anteriormente descritos, se constata que, Armando Melgar Solíz, beneficiario del predio "Tuyuyu", quien acreditó derecho propietario con base al Antecedente Agrario N° 8203, lo hizo sobre la totalidad de la superficie titulada como predio "Tuyuyu", no advirtiendo que la superficie de 804.9693 ha, se encontraba sobrepuesta al radio urbano del municipio de Trinidad, situación que no fue considerada en el proceso de saneamiento del predio "Tuyuyu", tomándose solamente en cuenta la extensión superficial de 350.5609 ha, que se encontraba en el área rural.

Ahora bien, el ente administrativo, no contempló que la ahora parte actora, de acuerdo al Certificado de Tradición, cursante de fs. 777 a 778 de los antecedentes prediales, acreditó que el predio "Dinamarca", se desprende del predio "Bello Horizonte", con Antecedente Agrario N° 8203, cuyo beneficiario inicial fue José Arteaga Franco, el cual contaba con una superficie de 2293.6000 ha, mismo que por efecto de la división y partición de bienes les correspondía a sus 11 hijos la mitad, habiendo uno de ellos, Gonzalo Arteaga Figueroa, transferido el 28 de enero de 1974, la superficie de 104.2587 ha, en favor de Luís Añez Álvarez bajo el nombre del predio "Dinamarca", quien posteriormente el 30 de agosto de 1974, vendió a Yrmgard Abel de Durán y esta conjuntamente su esposo Darío Durán Gutiérrez transfieren a René Arce Moscoso y este a su vez el 16 de mayo de 1978, transfirió al Fondo de Empleados del Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. y por Escritura Pública N° 87 de 18 de Octubre de 1990, se procedió a realizar el cambio de nombre del propietario Fondo de Empleados del Banco Industrial y Ganadero del Beni por el de Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada; derecho propietario el cual se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 8.01.1.01.0004539, conforme el Folio Real cursante a fs. 779 de antecedentes prediales; de donde se tiene que Armando Melgar Solíz, indujo en error al INRA, haciéndose mensurar también el área del predio "Dinamarca", como si fuera parte de su propiedad, sin ostentar derecho propietario alguno, incurriendo en la causal de error esencial que destruyó la voluntad del ente administrativo, constatándose que se adecúa a la nulidad del acto administrativo, (ERROR ESENCIAL) en razón a que el error asumido es "determinante", toda vez que la falsa apreciación de la realidad, refiriéndonos al cumplimiento de la Función Social y ejercer derecho propietario sobre el predio "Dinamarca", direccionó la toma de la decisión por el ente administrativo, que no habría sido asumida de no mediar aquella; y es "reconocible", toda vez que, se advirtió el derecho propietario, la tradición civil y el antecedente agrario del predio denominado "Dinamarca", incluso por el mismo ente administrativo; a través de los elementos que fueron de su conocimiento e ingresaron en el análisis en el Informe en Conclusiones de 05 de noviembre de 2013 que cursa de fs. 658 a 674, en el Informe UDSA BN N° 1870/2013 de 16 de diciembre de 2013 que cursa de fs. 788 a 793 y en la Resolución Final de Saneamiento; actos administrativos que se generaron previo a emitirse el Título Ejecutorial, cuya nulidad se pide, por lo que se adecúa a la causal de error esencial en la voluntad del administrador al no fundar su decisión "correctamente", con base a los elementos que cursan en antecedentes y que se tienen ampliamente descritos y expuestos ut supra; en este sentido, el INRA ha dado lugar a un acto que no está ajustado a los hechos, mismos que le correspondía analizar y al derecho que tuvo que aplicar de manera integral, lo que repercute en la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos de los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material establecidos en los arts. 115.II, 178 y 180.I de la CPE.

Ahora bien, sobre el cumplimiento de la Función Social, conforme lo desarrollado precedentemente, se tiene que decir, que el predio "Dinamarca" registrado en la Ficha Catastral como Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada, al ser patrimonio del Estado a través de una entidad pública, es obligación de las y los servidores públicos, como lo son los servidores públicos del INRA, el de precautelar, respetar y proteger dichos bienes, conforme establecen los arts. 108.14 y 235.5 de la CPE; así como es deber de toda persona nacional o extranjera de velar por los bienes y patrimonio del Estado y la obligación de protegerlos, custodiarlos, precautelarlos y resguardarlos como si fueran propios, en beneficio del bien común; considerando también que, por sus características al ser estas inviolables, inembargables, imprescriptibles e inexpropiables, no pueden ser empleados en provecho particular alguno, como así se tiene dispuesto en el art. 339.II de la CPE, que señala textualmente "Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano; inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno”; en ese contexto legal y en atención al precepto constitucional glosado, concluimos que el predio "Dinamarca", bajo custodia y administración del Servicio Nacional de Patrocinio del Estado - SENAPE, como derecho propietario, bienes o activos exigibles asumidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), correspondía y corresponde su reconocimiento en el trámite de saneamiento por su condición de entidad pública, en aplicación a las normas o regulaciones especiales sectoriales específicas, así como la naturaleza de la entidad y el tipo, fines y destino del bien que debieron ser consideradas y valoradas integralmente por el INRA, al momento de la ejecución del procedimiento administrativo técnico-jurídico de saneamiento de la propiedad agraria, aplicado para éstos tipos de bienes, dado que son de distinta naturaleza; por consiguiente, la función social del predio “Dinamarca”, no puede ser objeto de evaluación regular por parte del INRA, dado que se trata de un bien rural que forma parte del patrimonio del Estado, el cual es inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, conforme lo establece el art. 339.II de la CPE; en ese entendido, el proceso de saneamiento del predio "Tuyuyu", no cumplió con los requisitos formales legales, dada la identificación de la creación de un acto aparente que no correspondió a ninguna operación real y que hizo aparecer como verdadero lo que se encontraba contradicho con la realidad, refiriéndonos al conocimiento que tenía el beneficiario del predio “Tuyuyu” y el mismo ente administrativo sobre la existencia de una parcela de propiedad del Estado denominada “Dinamarca”; por consiguiente, esta simulación absoluta verificada por lo precedentemente expuesto, hace que los actos realizados por el INRA, se aparten de la legalidad con la emisión de la Resolución Suprema y posterior Título Ejecutorial; (SIMULACIÓN ABSOLUTA) vulnerando por lo expuesto, la Constitución Política del Estado, en sus arts. 108.14, 158.I.13, 235.5, 339.II; el Código Civil , en su art. 85; la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, en su art. 4; debiendo mencionar además, la regulación especial, relativa a la facultad que tiene el SENAPE, para la administración de ciertos bienes, activos o predios rurales que se constituyen en patrimonio del Estado y como propiedad del Tesoro General de la Nación (TGN), representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), como entidad pública que se encuentra a su cargo de la identificación, inventariación, saneamiento, custodia y administración de bienes inmuebles; estableciendo que el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, tiene la misión institucional  de efectuar el registro de los bienes del Estado, promoviendo su saneamiento y valoración, disponiendo que los bienes recibidos por otras instituciones, son parte del Activo Exigible de las entidades disueltas o en proceso de liquidación, que al concluir los procesos de liquidación de ex Entidades Estatales y ex Entes Gestores de la Seguridad Social pasan a dicha institución; así como la Ley Nº 1732, la Ley Nº 1788, de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), de 16 de septiembre de 1997, la Ley Nº 2446, de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), de 19 de marzo de 2003, el Decreto Supremo Nº 26973 de 27 de marzo de 2003 (Reglamento de la Ley N° 2446), que dispone que la Liquidación de los Entes Gestores, establecidos en la Ley N° 1732, entre los cuales se encuentra el "Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada", será ejecutado por el Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas); la Resolución Ministerial N° 149 de 10 de abril de 2003, que designa al SENAPE como entidad responsable de recibir los activos y pasivos de la Unidad de Reordenamiento, otorgándole las facultades necesarias para proseguir con las actividades de la liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social; el Decreto Supremo N° 28528, de 16 de diciembre de 2005, el Decreto Supremo Nº 28565 de 22 de diciembre de 2005, el Decreto Reglamentario N° 26973 de 27 de marzo de 2003, el Decreto Supremo Nº 29786, de 12 de noviembre de 2008, la Resolución Ministerial N° 135/2012 de 27 de marzo de 2012, que designa al SENAPE, a través de su Director General Ejecutivo, como liquidador de los Entes Gestores de la Seguridad Social, teniendo como atribuciones las de: Custodia, protección, salvaguarda y saneamiento legal, entre otros, de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado, y el DS. Nº 3908, 22 de mayo de 2019, que tiene por objeto regular y determinar las condiciones de la disposición temporal mediante comodato, de los bienes inmuebles bajo administración del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE; por consiguiente, como se tiene demostrado se dispone de norma suficiente en el derecho positivo del Estado Plurinacional de Bolivia, para establecer que la titularidad del predio “Dinamarca” no podía ser anulada por imperio de la ley; en otras palabras, se establece que el beneficiario del predio "Tuyuyu" procedió a simular que todo el terreno formaba parte de su propiedad, cuando existía una parcela de patrimonio del Estado, el cual además cuenta con antecedentes agrarios y tradición civil; empero, lo más importante, que se encontraba en custodia y administración a cargo de una entidad pública, como es el Servicio Nacional del Patrimonio del Estado - SENAPE, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y éste a la vez del Tesoro General de la Nación (TGN), quienes acreditaron su representación, interés legal y legítimo, conforme el Acta de Entrega de Documentos de 18 de junio de 2011, cursante de fs. 101 a 102 de antecedentes prediales, así como la Nota SNPE/DDB-120/11 de junio de 2011, cursante a fs. 140, lo expresado y descrito en el acápite "V. Observaciones" de la Ficha Catastral levantada el 18 de junio de 2011, cursante a fs. 141, el memorial presentado el 14 de noviembre de 2013 ante el INRA departamental Beni, cursante de fs. 763 a 765 vta. de los mismos antecedentes, y el memorial presentado el 23 de diciembre de 2013 ante el INRA Departamental Beni, de fs. 803 y vta., (que no fue tomado en cuenta por el INRA), vulnerándose el debido proceso, el derecho a la defensa y los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material ya señalados precedentemente.

En conclusión, por lo expuesto, se tiene que decir que la autoridad administrativa ha validado el cumplimiento de la Función Social y una tradición civil de derecho propietario con base al antecedente agrario N° 8203 "Bello Horizonte" sobre la totalidad de la superficie mensurada del predio "Tuyuyu", sin considerar que una parte del referido predio le corresponde al predio actualmente denominado "Dinamarca" de propiedad del Tesoro General de la Nación (TGN), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas bajo custodia y administración del SENAPE, registrado en saneamiento como datos del propietario o poseedor a nombre de la razón social "Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada - SENAPE", y conforme a la documentación de derecho propietario que se adjuntó al memorial presentado ante el INRA Departamental Beni, punto I.5.6. de la presente sentencia, se tiene que establecer que el predio "Bello Horizonte", con antecedente agrario N° 8203 le correspondía como subadquirente y que por su condición de entidad pública, por la simple existencia del predio identificado como patrimonio del Estado, esta tenía por cumplida la Función Social denunciada; debiendo decir que, el ahora demandado, creó un derecho inexistente sobre una fracción del predio "Tuyuyu" que nunca ostentó o que nunca detento, influyendo en la decisión del ente administrativo responsable de la ejecución del procedimiento técnico jurídico de saneamiento, al momento de reconocer derecho propietario; toda vez que, en los diferentes actos procesales generados y emitidos por el INRA, como el Informe en Conclusiones, el Informe de Cierre, la Resolución Final de Saneamiento y en el Título Ejecutorial, se reconoce como titular a Armando Melgar Solíz, propietario de la superficie mensurada de 350.5609 ha, hecho que no condice con la realidad, en razón a que una fracción de dicho predio, corresponde al predio denominado "Dinamarca", de propiedad de una entidad pública mencionada y que fue mensurada y titulada dentro del predio denominado "Tuyuyu"; en ese sentido, se evidencia que el Título Ejecutorial se encuentra con vicios de nulidad, toda vez que el mismo fue otorgado mediando ausencia de causa y con la existencia de hechos falsos y derechos invocados por el ahora demandado; (AUSENCIA DE CAUSA), vicio de nulidad que se adecua a la causal establecida en el art. 50.I.2.b) de la Ley Nº 1715.

Por último, de acuerdo al Certificado de tradición, cursante de fs. 777 a 778 de los antecedentes prediales, y de las literales cursantes de fs. 78 a 140, se acreditó que el predio "Dinamarca", se desprende también del predio "Bello Horizonte", con antecedente agrario N° 8203; que la titulación obtenida por el demandado, afecta el derecho propietario, bienes o activos exigibles asumidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), representado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) - en custodia y administración por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), registrado en campo a nombre del Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada - SENAPE, sobre el predio "Dinamarca"; en otras palabras, dado que el predio "Dinamarca", como se lo tiene demostrado, es de propiedad de una entidad pública y que por dicha condición se encuentra bajo la protección del Estado, se tiene que decir, que no correspondía la titularidad de toda la superficie mensurada del predio "Tuyuyu" a favor del ahora demandado; considerando que se hizo reconocer un derecho sobre un predio que es un bien de patrimonio del Estado, afectando derechos legalmente constituidos, cuando por disposición de la Ley correspondía reconocer a favor del ahora demandado, al tratarse de una institución pública que tiene las características de ser inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable y no pueden ser empleado en provecho particular alguno, como así se tiene establecido en el art. 339.II de la CPE; (VIOLACIÓN DE LA LEY APLICABLE), causal de nulidad de Título Ejecutorial prevista por el art. 50.I.2.c) de la Ley N° 1715; por otro lado, en relación al formulario Adicional de Áreas en Conflicto, denunciado de faltante, se advierte que a fs. 153 y vta. de la carpeta predial de saneamiento, cursa el Formulario Adicional de Áreas en Conflicto levantado el 28 de julio de 2011.

Sobre el cumplimiento de la Resolución de Sala Constitucional 010/2023 de 07 de febrero de 2023, cursante de fs. 1196 a 1204 vta. de obrados, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, se tiene que establecer que, como se expuso en el punto FJ.II.1.3. Análisis del Caso en Concreto, el trámite de saneamiento realizado por el INRA sobre el predio "Tuyuyu" no siguió los formalismos legales que rigen la materia, para poder emitir el Título Ejecutorial N° PPD-NAL-602741, de 28 de junio de 2016, de tal forma, en la presente sentencia se advierte una vulneración al principio de legalidad por parte del ente administrativo, dado que el SENAPE, no requiere cumplir la función social y la posesión en el predio "Dinamarca", porque se trata de un bien rural que forma parte del patrimonio del Estado, por lo tanto, se constituye en una parcela inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable y que no puede ser aprovechada por particulares, de conformidad al art. 339.II de la CPE y la normativa especial y concreta la cual se desgloso en el presente fallo; debiendo la autoridad administrativa identificar de manera inequívoca en que parte del predio “Tuyuyu” se ubica el predio “Dinamarca” de conformidad a los antecedentes agrarios y proceder al Relevamiento de Información en Campo de conformidad al art. 296 y siguientes del D.S. N° 29215; y en relación a la anulación del Título Ejecutorial N° PPD-NAL-602741 de fecha 28 de Junio del 2016, determinado por la presente Sentencia, se debe disponer además la nulidad de la Resolución Suprema N° 13032 de fecha 27 de agosto del 2014, dado que una vez anulado el Título que se demanda, se tiene como si la tierra nunca hubiera salido del dominio originario del Estado, debiendo retrotraer el procedimiento administrativo hasta el vicio más antiguo, para volver a tramitar las etapas faltantes del proceso de saneamiento, de conformidad a la previsión del art. 50.II de la Ley N° 1715; no vulnerándose en consecuencia con el debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación e indebida interpretación y aplicación de la norma, como el fallo constitucional lo determinó; pasando inclusive por alto la doctrina de las autorestricciones, la cual sostiene que existe una limitación en su área de acción, evitando inmiscuirse en actos jurisdiccionales inherentes única y exclusivamente a la justicia ordinaria, encontrándose impedida de revisar la labor interpretativa de jueces y tribunales ordinarios, ya sea judiciales o administrativos, dado que un tribunal de garantías, tiene como principal misión, velar por el respeto y vigencia de la CPE.

Por todo lo expuesto, se tiene que decir, que se advierte infracción a la norma agraria aplicable al caso, sosteniendo que la autoridad administrativa ha incurrido en vicios de nulidad que invalidan el Título Ejecutorial N° PPD-NAL-602741 de 28 de junio de 2016, en razón a que el demandado con base a una tradición civil de derecho propietario, hizo mensurar la totalidad de la superficie del predio "Tuyuyu", sin considerar que una fracción del referido predio le corresponde al predio "Dinamarca" y toda vez que el beneficiario es una entidad pública bajo custodia y administración del SENAPE, que por su naturaleza de institución pública goza de la protección del Estado; incurriendo en las causales establecidas en el art. 50.I.1.a) y c), 2. b) y c) de la Ley N° 1715; por lo que, en resguardo del debido proceso, la seguridad jurídica y la verdad material previstos en los arts. 115.II y 178.I y 180.I de la CPE, corresponde la nulidad del Título Ejecutorial N° PPD-NAL-602741, de 28 de junio de 2016, debiendo fallar en ese sentido.