Auto Supremo AS/0097/2013

Un dictamen, como ha expresado este Supremo Tribunal al emitir el Auto Supremo Nº 32 de 11 de septiembre de 2013, “…en sentido genérico, es una opinión o el consejo de una autoridad o de una organización respecto de un tema en cuestión. En el caso que nos ocupa, de acuerdo con lo que señala el artículo 51 del Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, ‘…es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General de la República. Tiene valor de prueba preconstituida y contendrá la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables.’ La finalidad del Dictamen, se encuentra explicitada por el artículo 52 de la misma norma.” (Las negrillas son añadidas)
“En relación con el Dictamen, la Sentencia Constitucional Nº 21/2007 de 10 de mayo, contribuye a aclarar su compresión, en cuanto señala: ‘En este entendimiento, si bien resulta evidente que los informes de auditoría son opiniones técnico-jurídicas que no constituyen normas ni verdades jurídicas inamovibles, por lo que, sometidas al proceso coactivo fiscal o al proceso penal, administrativo o ejecutivo, admiten prueba en contrario y que el dictamen de responsabilidad constituye una opinión que no juzga ni condena a nadie, sino que tiene la finalidad de que la entidad inicie la acción legal que corresponda en la que los presuntos involucrados podrán hacer valer sus excepciones o descargos; sin embargo, es necesario subrayar que del acto administrativo de auditoría emergen los presuntos indicios de las responsabilidades señaladas, en razón de que el mismo es desplegado con la finalidad de evaluar y controlar la actuación del servidor sujeto a control, para cuyo efecto, se inicia un proceso investigativo de análisis y verificación sobre su gestión, evaluando el grado de cumplimiento y eficacia prestada.’” (Las negrillas son añadidas)