Auto Supremo AS/0644/2013

En relación a la firma de Juan Salazar Córdova, más allá de la tesis pericial en sentido de que su firma en el contrato de fecha 22 de marzo de 1980 fuera falsificada se debe señalar que tal afirmación queda subyugada ante la confesión del propio Juan Salazar Córdova que ratificó que esa firma era suya, en ese mérito no se puede asumir una postura de negar el reconocimiento que el propio suscribiente ha realizado de su firma y de su intervención en el acto celebrado. Por otro lado, resulta intrascendente para el contenido del documento si la firma del abogado suscribiente sea o no falsificada, y más aún cuando se busca la nulidad de dicho acto jurídico, por cuanto el contrato presenta las voluntades de los otorgantes y las obligaciones que se contraen y no la voluntad del profesional que coadyuva a su redacción; por lo manifestado resulta ligero el argumento de que el medio para desvirtuar la prueba pericial mediará sólo por la objeción o un recurso, más aún cuando se pretende que todos los actos procesales desarrollados estén supeditados al aludido elemento probatorio, sin tomar en cuenta que la pericia no tiene eficacia absoluta en la convicción del Juzgador y debe tomar en consideración otros factores para asumir su decisión como la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción reunidos en proceso conforme señala el art. 1333 del Código Civil y art. 441 del Código de Procedimiento Civil. Por lo considerado, la prueba pericial fue apreciada en su verdadero alcance y contenido, sin que hubiese existido error -de hecho o de derecho- en su valoración objetiva y probatoria.
En relación al supuesto error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba documental de fs. 38 a 42, confesión judicial de Juan Bautista Salazar Córdova y las pruebas periciales. Al respecto, para esclarecer la denuncia se debe señalar que el actual régimen normativo prevé en el art. 1295 del Código Civil que los documentos públicos otorgados por personas que no sepan o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego por ella, y se estampará las impresiones digitales del otorgante, haciéndose constar esta circunstancia al final de la escritura, aparte de firmar también los testigos instrumentales; ésta norma regula la otorgación de una escritura pública para personas que no sepan firmar o que no pueden hacerlo a momento de la otorgación. En relación a la extensión de un documento privado por una persona que no pueda hacerlo por estar impedido nuestro régimen normativo no fue tan claro, sin embargo se debe diferenciar de este supuesto -de persona que no pueda firmar por algún motivo- de la persona analfabeta; el art. 1299 del Código Civil que regula los documentos privados otorgado por analfabetos señala que éstos documentos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin los cuales son nulos, formalidades previstas por acudir al documento una persona analfabeta que tiene incapacidad de leer lo que el texto expresa y por tanto de saber de su contenido. Sin embargo, situación diferente sucede cuando se suscribe un documento privado por una persona que sabe leer y escribir, o sea que no es analfabeta, pero que por alguna circunstancia sobreviniente no puede imprimir su firma en el documento privado. Al efecto es necesario remitirnos al art. 1300 parágrafo II del sustantivo civil que señala en el caso de personas que no saben o no pueden firmar, se hará el reconocimiento de la firma a ruego, y el otorgante reconocerá por su parte el contenido del documento y el hecho de haber estampado en él sus impresiones digitales, misma sustancia prevé el art. 18 parágrafo IV de la Ley Nº 1760, que concuerda con lo descrito en el art. 1295 del Código Civil sobre el requerimiento de la firma a ruego y la impresión digital, exceptuando a los testigos instrumentales ya que el documento privado no contiene el formalismo del público, en ese sentido lo que la norma prevé para personas que no sepan firmar o no puedan hacerlo es que el documento privado presente la firma a ruego y las huellas digitales de la parte contratante, pues debe entenderse que éste último por su aptitud de lectura del texto conoce el contenido del documento; situación diferente del analfabeto que por su vulnerabilidad ante el desconocimiento de lo que se contrata es necesario el advenimiento no sólo del firmante a ruego sino también de la presencia de dos testigos que hagan conocer del contenido de lo que está contratando y legitimen el acto. Es por ello que, en un documento privado, para la persona que no sepa o no pueda firmar la ley no ha previsto un formalismo tan riguroso, sino que por su situación de conocimiento del documento y para atestiguar su consentimiento se amerita la firma a ruego y la impresión de sus huellas digitales, siendo innecesario que se acuda con otros testigos al acto