Auto Supremo AS/0733/2013

Debe tomarse en cuenta que el principio de legalidad administrativa, tiene plena aplicación cuando todas las acciones que emanan del poder público se encuentran en completa armonía con las reglas del derecho, lo que significa que la administración está sometida a las reglas de derecho recogidas en la Constitución Política del Estado, en las leyes dictadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y las propias reglas o normas generales dictadas por la administración pública respectiva; es decir, que los actos y decisiones de la administración deben estar justificados en una ley previa, que preferible pero no necesariamente ha de ser de carácter general. Entonces, el principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, por ésta razón se dice, que el principio de legalidad legitima la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas