Auto Supremo AS/0052/2014-RRC

Al fundamento señalado, añade que, por mandato constitucional previsto en el art. 251 de la Constitución Política del Estado (CPE) y por la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, los efectivos policiales sólo tienen competencia legal para la defensa de la sociedad y preservación del orden público, atribuciones distintas a las de un funcionario público propiamente dicho, razones por las que cuestiona la falta de control del Tribunal de alzada respecto a esta problemática, lo que constituye un agravio en contra de sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que la adecuación de un hecho al tipo penal es un requisito indispensable previo a la sanción de la conducta humana. A continuación, y con similares argumentos hace la distinción entre el bien “función pública”, que es protegido por el delito de Peculado y el bien “propiedad”, que es protegido por el delito de Hurto, señalando que por existir error in judicando, correspondía anular la Sentencia como consecuencia de la errónea tipificación del delito y disponer se dicte un nuevo fallo