Auto Supremo AS/0077/2015-L

Referente al segundo aspecto, en el que se acusa la indebida aplicación del art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin considerar que el despido fue por causa justificada y la actualización de beneficios sociales procede siempre que la tardanza en el pago no sea imputable al trabajador; de la lectura de la indicada norma se tiene que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV's, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.” (las negrillas son añadidas).
Es en ese sentido, que ante la aseveración de la institución recurrente de no corresponder el pago de la multa, al atribuir el retraso del pago de beneficios sociales al propio demandante; cabe señalar que, el Decreto Supremo Nº 28699, fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos de los que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o más aún para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos