Auto Supremo AS/0299/2015-RRC-L

Al respecto, el Tribunal de casación estableció que, la Sentencia no sólo está conformada por la parte resolutiva que determina la responsabilidad penal o la absolución del encausado, que también es parte el contenido que sustenta a la parte resolutiva; de manera que, la redacción no es un simple hecho mecánico; sino, el basamento donde se encuentra el fundamento de hecho y derecho, esta motivación no sólo debe ser convincente para el juzgador, también para las partes que esperan que su litigio penal sea resuelto sobre la base del respeto al debido proceso y que cada acto procesal cumpla con el propósito para el cual fue creado. En el caso de autos el Juez o Tribunal, se encuentran constreñidos a redactar y dar lectura a la sentencia en el plazo máximo de tres días; lo que significa, que puede darse lectura en un plazo menor, pero no fuera del plazo máximo asignado.

Bajo estos argumentos, el precedente emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “que, el respeto al debido proceso pasa por cumplir los actos procesales, debiendo los sujetos procesales observar las acciones que les compete. En el caso de autos, el sujeto procesal que dirime el conflicto penal es el juez o tribunal de sentencia que se encuentra obligado a cumplir con el plazo legal para pronunciar sentencia; corrientemente, concluida la deliberación inmediatamente el Juez o Tribunal deberá redactar y firmar la sentencia, sin interrupción dando lectura en la misma audiencia. Sin embargo, por la complejidad del proceso y lo avanzado de la hora, el Juez o Tribunal puede adoptar el mismo procedimiento que para los casos normales, con la única diferencia de que la redacción y la lectura de la sentencia, deberá realizarse en el plazo máximo de 3 días computables a partir de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, momento en que también las partes se darán por notificadas, en la sala de audiencia. El incumplimiento de este plazo es causal de pérdida de competencia, porque vulnera el debido proceso, aspecto que tiene mayor relevancia tratándose de la responsabilidad del director del proceso que es el Juez o Tribunal de sentencia. La vulneración del debido proceso por incumplimiento del plazo, la redacción y lectura de la sentencia constituye defecto absoluto no siendo susceptible de enmienda conforme prescriben los artículos 1, 130, 169 inciso 3 y 370 inciso 10 del Código de Procedimiento Penal concordante con el artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado. Debiendo el Tribunal de Apelación, aplicando el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia de fojas 714 a 718 y disponer la reposición del juicio oral y público encomendado su realización a otro Juez de Sentencia”