Auto Supremo AS/0825/2017-RRC

Ahora bien, debe tenerse presente que constituye un deber jurisdiccional, tutelar el efectivo cumplimiento y observación de los derechos y garantías constitucionales y las normas procesales en resguardo al debido proceso e igualdad de las parte intervinientes en el proceso, garantía que se manifiesta igualmente en la emisión de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, que suponen la precisión del conjunto de hechos tenidos por ciertos debidamente probados en términos de claridad, la transcripción sintética pero completa del contenido de la prueba o el análisis de los elementos de juico con los que se cuenta, con la constancia del merecimiento o desmerecimiento de la prueba, así como su relevancia o no, la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado analizando los elementos del delito como ser la tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad a partir de los hechos estimados como probados y de adecuar o no el hecho al presupuesto normativo aplicable en caso de haberse decidido la existencia de responsabilidad del imputado y finalmente la determinación de la pena