Auto Supremo AS/0305/2017-RRC

En el contexto relacionado, cabe enfatizar que los jueces son soberanos en la valoración de las pruebas que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desechar determinados elementos probatorios, más sus razonamientos deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano; es decir, que a tiempo de valorar la prueba consienten otorgar crédito a unos y a otros no, de manera coherente y en apego a las reglas de la lógica, pues en el sistema actual, el Juzgador es libre para obtener su convencimiento de acuerdo a las reglas de la sana crítica; empero, debe enmarcar su decisorio a los principios de la lógica y los principios generales de la experiencia, pudiendo entonces el que juzga, afianzar su convencimiento no en el número de pruebas o testigos introducidos al juicio, sino más bien en torno a su pleno convencimiento conducido por su recto entendimiento, así puede asumir convicción por lo que le diga un único testigo frente a lo que digan varios, razonamiento que debe plasmarse en el fallo de manera objetiva y que represente razonabilidad para la decisión de una u otra forma en aplicación del principio de inmediación; por su parte, la labor del Tribunal de apelación debe estar al margen de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la sentencia posea fundamentos suficientes sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad y los principios de la sana crítica, que ofrezcan certidumbre sobre la decisión de condena o absolución, conforme se estableció en el Auto Supremo 200/2012 de 24 de agosto, que señaló: “Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal”; que en el caso de autos, el Tribunal de alzada, al haber establecido que el Tribunal de Sentencia desarrolló una operación intelectual conjunta y armónica de la prueba en base al método de la libre valoración racional de acuerdo a las reglas de la sana crítica para determinar la responsabilidad penal del imputado, ciertamente proporcionó una respuesta coherente al planteamiento realizado en el recurso de apelación restringida, aunque en base a fundamentación escueta pero puntual y lo suficientemente clara para deducir que la labor de control sobre la resolución del inferior fue cumplida, en sentido de verificar la logicidad que expresó la sentencia y las razones de la decisión apegado al principio de congruencia