Auto Supremo AS/0104/2019

En el fondo, argumentó que el presente proceso se trata de un incumplimiento de un contrato administrativo en el que una de las partes es un órgano del Estado y que por ello se encuentra sujeto a una regulación especial, porque busca satisfacer un interés general, enmarcado a las normas de la Ley Nº 1178, evidenciándose la existencia del formalismo, la desigualdad jurídica, la no inalterabilidad de los contratos por el ius variandi dentro de los límites de la razonabilidad. Y que en ese marco en el caso presente se contrató la obra de la construcción de un sistema de riego de Chojahuaya y Yaricachi, con recursos provenientes de un contrato de préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que seguramente por las condiciones del lugar, variaron algunas especificaciones técnicas, habiendo el contratista comprometido realizar todos los trabajos hasta cumplir la obra, garantizando la misma