el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación
Finalmente, corresponde señalar que la propiedad pública es inalienable, es decir el poder de disposición jurídica del derecho se encuentra expresamente paralizado; de lo que se concluye que el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación. Es imprescriptible, porque nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas y como en el caso presente si alguien invade, en términos físicos, un bien público, sus actos materiales no se pueden reconocer como verdadera posesión…”
Por otra parte, este Tribunal tiene sentada por línea jurisprudencial, la inviabilidad de la usucapión de bienes de dominio público; así, el AS N° 785/2015 de 11 de septiembre, señala que: “…el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación. Es imprescriptible, porque nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas y como en el caso presente si alguien invade, en términos físicos, un bien público, sus actos materiales no se pueden reconocer como verdadera posesión…”, no obstante, en el citado Auto Supremo se evidencia la existencia de la titularidad del ente municipal sobre el bien que se pretendía usucapir y lo mismo sucede en el AS N° 241/2018 de 27 de marzo, donde el Gobierno Municipal presentó la Ordenanza Municipal Nº 039/91 demostrando de igual manera, la titularidad sobre el bien; bajo estos ejemplos, es obvio que el ente edil recurrente, debió acreditar a momento de interponer las acciones negatoria y reivindicatoria, el justo título sobre el bien que se pretende usucapir.
Con este análisis, llegamos a concluir que el GAMLP, actuó con dejadez y negligencia al momento de interponer su acción reconvencional, pues toda demanda no solo es un acto jurídico de voluntad a través de la cual una pretensión expresa su pedido de tutela jurídica al Estado, sino que, es el acto de mayor importancia porque delimita el objeto litigioso y en consecuencia la sentencia. Consecuentemente, al carecer de fundamentos la acción reconvencional y haber sido subsanada fuera del plazo otorgado por el art. 333 del CProC, es correcta la decisión asumida por el A quo en la providencia de 8 de mayo de 2014 (fs. 60), así como lo resuelto por el Tribunal de apelación a través de la Resolución N° 396/2014 de 18 de noviembre (fs.150-151), por ende, en ningún momento el GAMLP se encontraba en indefensión.
- VISTOS:
- 1.
- 2.
- 3.
- a.A los agravios acusados en los puntos 2.1 y 2.2.
- b.Al agravio acusado en el punto 2.3.
- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN
- a.Infracción del art. 271.II en relación con el art. 218.III del Código Procesal Civil.
- b.Vulneración expresa del art. 264 del Código Procesal Civil, respecto al plazo para la emisión del Auto de Vista.
- a.Violación del art. 339.II de la Constitución Política del Estado y los arts. 84 y 85 de la Ley N° 2028 y 31 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
- Fragmento 11
- b.Violación de los arts. 1283, 1286 y 1287 del Código Civil y 145, 147 y 264.I del Código Procesal Civil.
- Fragmento 13
- 1.De la imposibilidad de adquirir por usucapión bienes de dominio público.
- fundamentando la imposibilidad de procedencia de la Usucapión en el caso presente…339.II de la C.P.E
- descripción que no permite la prescripción de dominio público, del mismo modo también es preciso señalar lo establecido en el art. 91 del Código Civil, refiriendo que: ‘La posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto. Se salva lo dispuesto respecto a las acciones posesorias en el libro V del Código presente’; bajo esas dos disposiciones se tiene que nuestra legislación no permite usucapir bienes de dominio público
- el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación
- la prueba está constituida por la actividad procesal de las partes y en ocasiones del propio juez o tribunal, encaminada a la determinación de la veracidad de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, y cuya finalidad no es otra que la de conducir al órgano judicial sentenciador a la convicción psicológica acerca de la existencia o inexistencia de dichos hechos.
- incumbe a las partes correr con la carga procesal de demostrar sus pretensiones; al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor
- la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley
- a.En cuanto a la infracción del art. 271.II en relación con el art. 218.III del Código Procesal Civil.
- analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido el acto de postulación de la demanda
- reservada al propietario
- 07 de abril de 2017
- i.
- ii.
- iii.
- área de equipamiento, áreas verdes, vías o áreas deforestación y alta pendiente,
- existencia de duda razonable que imposibilita ingresar al fondo de la decisión, el Tribunal de apelación puede producir prueba con la finalidad de generar certeza y eficiencia en que la decisión a ser asumida
- POR TANTO