AMPARO DIRECTO 659/2008.

La Constitución establece una serie de medidas que privilegian a los funcionarios del Poder Legislativo, tales como:

- No pueden ser reconvenidos por sus opiniones en el desempeño de sus cargos (artículo 61); no pueden ser procesados penalmente sin una declaración de procedencia (artículo 111); son sujetos de juicio político en los casos específicos señalados (artículo 109); y, sí pueden ser sujetos de acciones civiles derivadas de los negocios o cuestiones familiares que así lo permitan (artículo 111).

Podríamos denominar a este conjunto de normas, que de alguna u otra forma exceptúan la capacidad de los legisladores respecto del ámbito de aplicación de otras normas del orden jurídico, como régimen de inmunidades.

Interesa caracterizarlo como un conjunto de normas que regulan la capacidad y responsabilidad de los legisladores.

Ambos conceptos están relacionados en una forma que resulta útil para entender el conjunto de normas que excepcionan o no permiten la aplicación de normas jurídicas sobre ciertas conductas de los legisladores.

El inicio de un procedimiento jurídico es definido a partir de ciertos sujetos habilitados para iniciarlo, pero cuando un sujeto no cumple con los requisitos para ello señalados en la ley, se dice que no tiene la aptitud procesal, el interés procesal o la legitimación procesal para ejercer la acción procedente.

Otro tanto, sucede con los sujetos pasivos de la acción procesal; sólo a determinados sujetos definidos por el orden jurídico se les pueden iniciar determinados procesos derivados de las pretensiones de alguien con intereses contrapuestos.

De lo anterior, un sujeto es inmune respecto de cierta situación, cuando el resto de las personas son incapaces de modificar su situación normativa.