AMPARO DIRECTO 230/2016. 20 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO CUAUTLE VARGAS. SECRETARIA: DAFNE BARRAZA GARCÍA.

"I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.

"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

"Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;

"II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

"En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo."

De los preceptos legales que anteceden, se colige que el juicio de amparo directo del que son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas o laudos, así como respecto de resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la propia sentencia, laudo o resolución.

En la inteligencia de que debe entenderse por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.

En el caso, la resolución impugnada es la de diez de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de divorcio expediente **********, en la que la juzgadora de origen:

• Decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado por ********** y **********, por lo que ordenó que una vez que fueran notificadas ambas partes de la sentencia, se girara oficio al oficial del Registro Civil respectivo, para que levantara el acta de divorcio y realizara las anotaciones marginales correspondientes.

• Declaró disuelta la sociedad conyugal y precisó que en caso de resultar bienes de ese fondo social, deberán las partes promover su liquidación en vía incidental en ejecución de ese fallo.

• Determinó que quedaba expedito el derecho de las partes para que hagan valer en la vía incidental, exclusivamente lo que concierne al convenio exhibido en autos, pero los exhortó a que intenten llegar a un acuerdo respecto del convenio señalado, a través del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas.

• Precisó que la demandada mantendría la custodia de los menores **********, ********** y **********, de apellidos **********, y que la patria potestad correspondía al actor y a la demandada.