SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 1203/01-R

En el caso objeto de revisión, el Juez de  Instrucción recurrido, al no  haber corrido traslado a  Juan Eduardo Crossa Reyes de ninguna de las solicitudes de Ana Silvia Montenegro Salvatierra, desde el pedido de homologación del Acuerdo Transaccional sobre Asistencia Familiar, la solicitud de liquidación de pensiones devengadas y  la emisión del mandamiento de apremio, como tampoco de sus resoluciones  -a excepción del decreto en el que le conmina a pagar las aludidas pensiones-  ha  incurrido en flagrante violación de su derecho a la  defensa,  pues no le ha permitido  oponer sus objeciones a la demanda de la otra parte, y menos plantear observaciones a la liquidación de las pensiones devengadas,  provocando así un estado de indefensión que no ha sido reparado por el Juez de Partido co- recurrido, que ha confirmado y avalado la ilegal actuación del Juez inferior.