SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1213/2002-R

III.6.  Por otra parte el Contralor General de la República recurrido no tiene potestad de  “dictar y ejecutar medidas coercitivas”, como erróneamente sostienen los recurrentes sin precisar en qué consisten concretamente dichas amenazas, puesto que es la autoridad jurisdiccional llamada por ley, quien tiene competencia para imponer las medidas que en derecho corresponda dentro de un proceso legalmente sustanciado, con lo que se desvirtúa las observaciones de los actores resumida en el  numeral I.1.3 de este fallo.