SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1539/2002 - R

III.3    Que, en el caso planteado, el Juez recurrido no cumplió con los preceptos referidos a cabalidad, pues no compulsó en principio el contenido de la demanda y luego no examinó el documento constituido en título ejecutivo, pues sin observar los poderes otorgados que formaban parte del documento crediticio y lo acordado en estos mismos, intimó erróneamente a la recurrente, cuando ésta no había asumido obligación alguna con la entidad bancaria ejecutante, dado que  al otorgar los poderes dejó expresa constancia de que no intervenía como deudora o codeudora, sino como copropietaria, a los fines de que se hipoteque el bien, por lo tanto, no podía ni puede ser demandada como deudora sino citada como co-propietaria del inmueble objeto de la hipoteca.

            Que, no obstante haberla intimado indebidamente a la recurrente en calidad de deudora, el recurrido no cumplió posteriormente con su deber de sanear el proceso como le impone la disposición especial segunda de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, pues debió corregir el acto procesal erróneo a tiempo de cumplirse el plazo para la oposición de las excepciones, al no presentarse éstas en el tiempo oportuno.

Que, al no cumplir con el mandato referido y los arts. 3-1) y 90 CPC, el co-recurrido Juez ha lesionado el derecho al debido proceso de la recurrente, como también ha puesto en amenaza el patrimonio de la recurrente, y por lo mismo, su derecho a la propiedad, dado que al haber dictado sentencia declarando probada la demanda ejecutiva en su contra, los efectos de la misma, recaerán sobre los bienes de la recurrente en el estado de ejecución, sin que hubiese adquirido obligación alguna de pagar.