SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1625/2002-R

En la demanda  presentada el  23 de octubre   de 2002 ( fs.  4-5) y el memorial de ampliación de 24 del mismo mes y año (fs. 7), el recurrente  expresa  que dentro del proceso penal por peculado, que sigue el Ministerio Público a instancias del Concejo Municipal de Caranavi, contra Víctor Hugo Aliaga, ex Oficial Mayor Administrativo, fue involucrado injustamente como cómplice y privado de su libertad durante 14 días sin prestar su declaración informativa policial, por lo que interpuso recurso de hábeas corpus contra las autoridades ahora también demandadas. La audiencia de 11 de octubre, fijada dentro del recurso, se inició en ausencia de la jueza recurrida y con presencia del fiscal demandado, quien abandonó la sala para dirigirse al Penal de San Pedro, y amparado en una orden telefónica emanada de la Juzgadora recurrida, sin permitirle comunicarse con su abogada, lo envió con escolta a Caranavi donde fue encerrado en un calabozo, mientras tanto la audiencia concluyó declarándose procedente el recurso y disponiendo su inmediata libertad, empero, en mérito al mandamiento correspondiente, recién el 16 de octubre le permitieron salir del calabozo al patio por cuatro horas,  condicionando su libertad a que se ponga a disposición del Fiscal, ante quien prestó su declaración informativa, para entonces, los concejales ya habían solicitado su detención preventiva.

En la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo ese mismo día, a la que asistió con escolta, la Jueza recurrida, sin permitirle ejercitar su derecho a la defensa, determinó su detención preventiva en la cárcel de Caranavi, conduciéndolo nuevamente al calabozo donde se encuentra a merced de los Concejales soportando tortura psicológica, moral y física en condiciones inhumanas, sufriendo una condena anticipada siendo inocente, situación que tampoco puede demostrar por su estado de indefensión.