SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1560/2003-R

El recurrente arguye que las autoridades recurridas han vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, a ser oído en juicio, a la petición, a la defensa, a la seguridad jurídica y a la libertad, así como la garantía del debido proceso de su representado, al haber pronunciado respectivamente, la sentencia de 30 de agosto de 2002 complementada por Auto de 2 de septiembre del mismo año, el Auto de Vista de 17 de octubre de 2002 y el Auto Supremo 308 de 11 de junio de 2003, cometiendo errores de hecho y de derecho, pues la  sentencia en forma ilegal se limitó a presumir hechos y actos que no fueron demostrados por la parte denunciante, consideró insuficiente la prueba de descargo para desvirtuar los extremos de la querella, consideró prueba ilegalmente incorporada, admitió el informe de un perito nombrado en forma ilegal por el Juez ad-quo; no observó la falta de registro de juicio y la evidente falta de concordancia entre lo acontecido en las audiencias y las actas del juicio, no resolvió la objeción de querella, no declaró la extinción de la acción por el  retiro de la acusación menos consideró la aprobación de la gestión de su representado. Ilegalidades que tampoco fueron consideradas por el Tribunal de Apelación ni de Casación, que confirmaron la ilegal sentencia a través de resoluciones carentes de fundamentación, cuando lo que les correspondía -en aplicación del art. 15 LOJ, al comprobar la existencia de vicios insubsanables de procedimiento- era determinar la nulidad de obrados, pidiendo en definitiva se disponga la nulidad de los fallos impugnados y la suspensión del mandamiento de condena. Corresponde en consecuencia analizar si los hechos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección del art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).