SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1830/2003-R

El actor arguye que las autoridades recurridas, vulneraron sus derechos a la propiedad  privada y a la defensa, al haber emitido las Resoluciones de 29 de abril  y 21 de julio ambas de 2003, por las que dispusieron la devolución de los bienes incautados al imputado sobreseído, coartando la posibilidad de demostrar ante el Juez de Instrucción en lo Civil no sólo su derecho propietario sino también la posesión de los mismos. En ese sentido, corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.