SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1837/2003-R

Los recurrentes señalan que como emergencia de la denuncia efectuada por Javier Fernández y Margarita Barrientos de Fernández sobre supuestos engaños y faltas a la ética en su actuación como abogado en la transferencia de un inmueble que habría estado gravado, su mandante Omar Franklin Gutiérrez Ruiz fue sometido a proceso por el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, el que dictó resolución declarando improbada la denuncia. Sin embargo, en apelación, dicha resolución fue revocada por Resolución de 22 de abril de 2003, pronunciada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia -ahora recurrido-, imponiéndole una sanción de seis meses de suspensión por encontrarse infracciones a los arts. 10 y 13 del Código de Ética para el Ejercicio de la Abogacía; resolución ésta que incumple los arts. 190 y 236 CPC y, restringen sus derechos al trabajo y al debido proceso. Corresponde analizar en revisión, por ende si tales aseveraciones son ciertas, y si dan lugar o no a brindar la tutela que otorga el art. 19 CPE.