SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1929/2003-R

El co-recurrido Juez de Instrucción de Vallegrande, Gilberto Robles Hurtado, por informe escrito de fs. 240 a 241, señaló haber ejercido el control jurisdiccional de la investigación iniciada a causa de la muerte de Amanda Cárdenas Andia, en la que se imputó formalmente el delito de homicidio contra el recurrente y el de encubrimiento contra Santos Ayala Rojas y se ordenaron medidas cautelares personales. Concluida la investigación, el 30 de enero de 2003, la fiscalía formuló acusación contra el actor y no pronunció ninguna resolución conclusiva respecto al co-imputado Santos Ayala Rojas; sin embargo, el recurrente no formuló ningún reclamo ni denuncia sobre la supuesta vulneración de sus derechos, por lo que no es evidente que haya desconocido sus derechos fundamentales. La acusación contra el actor y la falta de pronunciamiento con relación al otro co-imputado, no disminuyen la responsabilidad del principal autor y menos le puede servir de fundamento para acusar desconocimiento y vulneración de sus derechos, ya que no formuló ningún reclamo durante la etapa preparatoria menos durante la sustanciación del juicio, que es una secuencia de actos jurídicos que conforme el avance procesal, precluyen y se consolidan conforme a derecho, por lo que el actor pretende apoyarse en su propia negligencia para hacer aparecer supuestos actos ilegales e indebidos y, siendo un reo sentenciado como resultado de un proceso penal con la participación de partes en audiencias orales, públicas y continuas, no se ha lesionado derecho fundamental alguno, solicitando,  en consecuencia,  se declare la improcedencia del recurso.