SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0700/2004-R

Por su parte, la fiscal Dorys Rivero Urrutia, tampoco tuvo intervención alguna en los actos de la investigación preliminar desarrollada bajo la dirección de la fiscal Marina Flores Villena -que no es parte en el presente recurso-, y sólo se limitó a imputar formalmente al representado del recurrente el delito de hurto agravado, ejerciendo la facultad que los arts. 301.1 y 302 del CPP reconocen al Ministerio Público y a solicitar su detención preventiva, sin que ello implique que haya incurrido en un acto ilegal; sin soslayar, que habiendo sido el imputado conducido a dependencias de la PTJ en calidad de aprehendido, la Fiscal recurrida no podía resolver su situación procesal por disposición del art. 228 del CPP que señala: “En ningún caso el fiscal ni la policía podrán disponer la libertad de las personas aprehendidas. Ellas deberán ser puestas a disposición del juez quien definirá su situación procesal”.