1015/2004-R de 2 de julio de 2004.

En este sentido, la la SC 42/2004, de 22 de abril,  ha señalado que el derecho a la defensa, comprende, al menos “…la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad.

            Por su parte, el Código de procedimiento penal, sobre el la garantía del debido proceso, señala en el art. 1 que “nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código”