SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1257/2005-R

El recurrente, alega que la Jueza recurrida lesionó sus derechos  a la libertad, a la defensa y al debido proceso al haber emitido mandamiento de apremio en cuya virtud fue ilegalmente privado de libertad puesto que dicho mandamiento emerge , por una parte, de una ilegal liquidación de pensiones realizada por la Secretaria de su Juzgado desde el año 1997 cuando la misma autoridad aclaró que la admisión de la reformulación de la demanda conllevaba implícitamente la admisión por lo que dejó sin efecto lo actuado de “fs. 2 vta. a 13 de obrados”, y por otra, no se le notificó personalmente con la liquidación de pensiones y la aprobación de dicha liquidación. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si se debe otorgar o no la tutela que brinda el art. 18 de la CPE.