SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1494/2005- R

En el memorial presentado el  10  de octubre de  2005 (fs. 398 a 405),  se señalan  que dentro del proceso de investigación en su contra por supuestos delitos relativos a la Ley de Sustancias Controladas y Régimen de la Coca, la acumulación de diligencias de Policía Judicial, así como el proceso mismo fue llevado a cabo con absoluta ilegalidad, violando principios constitucionales, procesales y de los Derechos Humanos, no ha logrado establecer ningún indicio de participación de los hoy recurrentes en el hecho investigado y juzgado, además de que tampoco existió prueba indiciaria en su contra, pero pese a ello, se les acusó, procesó y condenó sin guardar las formas mínimas del procedimiento para que puedan ejercer su derecho de defensa.

Refieren  por otro lado que consta en el expediente que se les designó un abogado defensor, quien presentó un simple memorial de aceptación y señalamiento de domicilio, que la participación del  defensor de oficio se  limitó  a viabilizar el proceso, y en lo demás se abstuvo de asumir defensa e incluso presentó un memorial renunciando a la prueba, actitud que es contraria al principio de defensa amplia del encausado; tampoco presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 6 de noviembre de 1996, negligencia que les causó total indefensión, y de esa manera se facilitó la labor del Ministerio Público.

Finalmente, señalan que por un principio básico del procedimiento penal, un Auto de Vista jamás debe fijar una pena mayor a la establecida por el Tribunal de primera instancia, y si en este caso se les absolvió, correspondía que en apelación se dicte Resolución declarativa de inocencia, pero se dictó un fallo condenatorio, en mérito al cual la recurrente Irene Céspedes Quispe se encuentra privada de su libertad en el penal de San Sebastián, mientras que Humberto Angulo Ferrufino se halla ilegalmente perseguido, habiendo sido sometidos a un  procesamiento indebido.