AUTO CONSTITUCIONAL 0033/2005-CDP

“(…) Si bien es cierto que el art. 49 de la LTC faculta a este Tribunal a resolver las incidencias de ejecución de los fallos que pronuncia, de una interpretación teleológica del precepto, se entiende que tal labor debe realizarse, -tratándose de calificación de daños y perjuicios-, sólo cuando la calificación efectuada por el Tribunal o Juez del recurso de amparo o de hábeas corpus, ha sido impugnada, procede la revisión por este Tribunal.

         En coherencia con lo expresado, se tiene que cuando el art. 19.IV y 120.7 de la CPE establece que dictada la resolución que conceda o deniegue el recurso será elevada de oficio en revisión al Tribunal, resulta claro que está aludiendo sólo a las resoluciones que definen el objeto del amparo y del hábeas corpus; esto es, el derecho supuestamente lesionado o amenazado, lo que no puede ser comprensivo de los daños y perjuicios, dado que los mismos versan sobre una cuestión accesoria al objeto del recurso; que por razones de economía procesal, se tramita dentro del mismo y no por cuerda separada, como ocurre con la legislación comparada.

          En el caso presente, en mérito a la solicitud de la parte actora, por Resolución SCII-344/2005, de 28 de noviembre, el Tribunal de amparo calificó los daños y perjuicios en la suma de Bs15.132.- por concepto de dietas no percibidas, más la suma de Bs2.000.- por concepto de honorario profesional de abogado, todo con cargo a los recurridos Miguel Vega Belaunde, Arnulfo Rodas Padilla y Silvia Barahona Telchi, disponiendo su pago en tercero día de su legal notificación; decisión que por memorial de 5 de diciembre de 2005 fue impugnada por el recurrente, en cuyo mérito corresponde compulsar en revisión la determinación asumida por el Tribunal de amparo.