SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0692/2005-R

III.3. En el presente caso, los recurrentes no cumplieron con el requisito de contenido establecido en el art. 97.IV de la LTC, toda vez que no precisaron ni identificaron claramente los derechos fundamentales o garantías constitucionales que consideran restringidos, suprimidos o amenazados, pues se limitan a denunciar que sus derechos fueron “flagrantemente violados” sin especificar cuál o cuáles de esos sus derechos en concreto, fueron vulnerados por las autoridades recurridas, no habiéndose tomando en cuenta que conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional en la SC 1494/2004-R, de 16 de septiembre, los derechos que pueden ser tutelados a través de este recurso son: “1. los expresamente previstos en el catálogo de derechos señalado en el art. 7 de la CPE; 2. otros derechos que si bien no están incluidos en el art. 7 aludido, por su naturaleza y ubicación sistemática, son parte integrante de los derechos fundamentales que establece el orden constitucional boliviano (así, SSCC 338/2003-R, 1662/2003-R, 686/2004-R, entre otras); 3. los derechos contenidos en los tratados sobre derechos humanos suscritos por Bolivia (…)”; vale decir por ejemplo, que del catálogo de derechos fundamentales previstos por el art. 7 de la CPE, correspondía a los recurrentes especificar el o los que consideraban vulnerados, para que sobre esa base el Tribunal de garantías, y en su caso este Tribunal establezcan si los hechos referidos en la demanda configuraban tal vulneración.

         Consecuentemente, conforme concluye la indicada Sentencia, quien acuda a la jurisdicción constitucional, tiene la obligación de precisar los derechos y garantías que estima vulnerados, lo cual resulta imprescindible para analizar la problemática que se plantee, y cuya omisión determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, ya que según lo señalado por la jurisprudencia constitucional, entre otras, en las SSCC 193/2001-R, 369/2001-R, 1618/2002-R, 0517/2003-R y 1298/2003: “la determinación del Tribunal de Amparo debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental”, certeza que en la especie no puede establecerse, justamente por no haberse precisado con exactitud y en forma expresa los derechos fundamentales supuestamente restringidos, suprimidos o amenazados.