SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1125/2005-R

Los recurrentes afirman que se vulneró el principio de legalidad y los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso de la Cooperativa a la que representan, al señalar que dentro la investigación realizada a raíz de un asalto sufrido en una de sus sucursales, se dictó requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de los imputados, uno de los cuales solicitó imposición de costas, las que fueron ordenadas por el Juez recurrido en contra de su representada, la que habiendo apelado, el recurso fue declarado improcedente por los vocales co-recurridos, sin que los tribunales de instancia hayan considerado que: i) la Resolución que declaró extinguida la acción penal no condenó en costas a nadie; ii) las costas son ilegales, pues cuando se dicta sobreseimiento se condena en costas al Estado y no a la víctima, y al querellante sólo cuando hubiese acusación y el proceso se haya abierto en base a ésta; iii) la denuncia no fue falsa ni temeraria porque el hecho existió, además que fue contra “sujetos no identificados” y la querella “contra los que resultaren autores”, y finalmente quien sobreseyó fue la Fiscal. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela solicitada.