SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1052/2006-R

El recurrente afirma que en el Juzgado Segundo de Instrucción de la localidad de Camiri, se presentó una querella contra su hijo Sixto Andrés Lara Soto, habiéndose dictado Auto de procesamiento, resolución contra la cual se interpuso recurso de apelación, que fue concedido en el efecto devolutivo por Auto de 31 de agosto de 2000 y remitido a la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pero extrañamente la alzada no fue resuelta hasta la fecha; posteriormente, ante la excusa formulada por el Juez de Partido de Camiri, se remitieron antecedentes al Juzgado de Partido y Sentencia de Montero, en el que a su hijo no se le hicieron conocer los actuados, pese a constar su domicilio procesal, declarándole rebelde y designándole Defensor de Oficio, quien se limitó a hacer acto de presencia en los debates, sin haber presentado alegatos en conclusiones ni interponer apelación contra la Sentencia, pese a haber anunciado este extremo en la audiencia en la que se dio lectura al fallo final; finalmente, indica que  el 30 de septiembre de 2003, la Jueza recurrida dictó Sentencia condenatoria contra su nombrado hijo, sin conocer el resultado de la apelación del Auto de procesamiento, lo que acarrea la nulidad de todo lo obrado.  Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.