SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1132/2006-R

En la demanda presentada el 30 de enero de 2006, cursante de fs. 28 a 31, la recurrente asevera que las autoridades recurridas el 25 de enero del mismo año,  con la excusa de hacer cumplir una orden de paralización de obras expedida por el Municipio de Santa Cruz, con la ayuda de policías y gendarmes municipales ingresaron violentamente a su propiedad sin contar con mandamiento de allanamiento alguno expedido por autoridad competente, luego expulsaron a sus trabajadores, cuidadores, impidiéndoles el ingreso, despojándola violenta, abusiva y arbitrariamente de su posesión, hechos que son ilegales por cuanto la orden de paralización de obras, por sí misma, no constituye una orden de desalojo, ya que ésta tiene que ser expedida por autoridad jurisdiccional competente mediante sentencia firme; probándose con ello, que los recurridos no estaban en posesión de su propiedad.

Señala que su derecho propietario y el de su esposo sobre el bien inmueble ubicado en la “U.V. 32 PIR”, zona oeste de la ciudad de Santa Cruz y registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 7011990048905 de 24 de septiembre de 2003, se halla debidamente demostrado en forma incuestionable. Asimismo, agrega que la carta de 26 de enero de 2006 suscrita por los recurridos demuestra y acredita irrefutablemente los extremos denunciados. De igual forma, las publicaciones de prensa de 26 de enero de 2006 efectuadas en los diarios “Nuevo Día” y “El Deber” demuestran aquéllos hechos ilegales. Finalmente, el acta notariada acredita que los recurridos, a través de sus gendarmes municipales mantienen la ilegal posesión y les impiden el ingreso a su propiedad.