SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1248/2006-R

III.1. Con carácter previo a ingresar al análisis del presente caso, es preciso referirse al fundamento del Tribunal de hábeas corpus referido a que la falta de otorgación oportuna del certificado de arraigo por la oficina de Migración, no guarda relación con la libertad o el derecho de locomoción y que si bien en un caso análogo que derivó en la emisión de la SC 0717/2004-R, se estableció que al estar el trámite de arraigo vinculado al derecho fundamental de locomoción de la persona debía concluir en un plazo razonable, dicho entendimiento fue desarrollado dentro de un recurso de amparo constitucional, por lo que el recurrente habría equivocado la vía.

          Sobre el particular corresponde señalar que en efecto, la SC 0717/2004-R,  señala lo siguiente: “De acuerdo al régimen legal previsto por el DS 24423, de 2 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, organismo operativo de la Subsecretaría de Migración, tiene como atribución, entre otras, la de llevar y controlar el Registro Nacional de Arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el levantamiento de arraigos informados por las Administraciones Departamentales [art. 20 inc. m)]; y, si bien es evidente, que para el efecto debe realizarse el trámite correspondiente para que la orden de arraigo o desarraigo se encuentre registrada y de ese modo se pueda obtener una certificación; no es menos cierto, que dicho trámite al estar vinculado al derecho fundamental de locomoción de la persona, debe concluir en un plazo razonable; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que tratándose del arraigo, la certificación expedida por el responsable de Migración dando cuenta del registro, representa la evidencia para que la autoridad judicial tenga la certeza de que la medida que ha impuesto ha sido efectivamente cumplida por el imputado o procesado; puesto que, una situación contraria, podría dar lugar, a que las medidas sustitutivas impuestas sean agravadas o en su defecto, revocadas, dando lugar inclusive, a la detención preventiva de la persona si concurren los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP”.