AUTO CONSTITUCIONAL 100/2006-RCA

En segundo lugar, debido a que se ha impugnado una Resolución de amparo constitucional por supuesto error procesal, recurriendo al efecto al Juez de garantías; respecto a lo cual se ha fundamentado ampliamente en los puntos precedentes. Si bien, esta casual de improcedencia no esta reglada por el art. 96 de la LTC, no es menos cierto que, en virtud a la facultad interpretativa desarrollada por el Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia constitucional, -como las citadas en la presente Resolución- vinculante por imperio del art. 4 y 44 de la LTC para las autoridades públicas en general y para el propio Tribunal Constitucional, se deja establecido que dicha circunstancia, es una causal de improcedencia, in limine en este caso, o sea directa; dado que esta situación hace inviable la consideración de la demanda de amparo constitucional, por lo que no justifica su admisión, al ser evidente la improcedencia de la misma; precisamente esta argumentación se ajusta a los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales expuestos en la citada SC 505/2005-R, de 10 de mayo, que en lo pertinente y refiriéndose a los supuestos de improcedencia, señaló que: “están destinados, en el sentido de la ley, a evitar que los recurrentes y el Tribunal tengan que desplegar una actividad procesal que previsiblemente concluirá con una resolución final de improcedencia, con las consecuencias indeseables que tal situación conlleva para el recurrente y los órganos de la jurisdicción constitucional. Tiene su fundamento en razones de economía procesal y en el mandato de justicia pronta y efectiva contenida en el art. 116.X de la CPE, así como en el principio de inmediatez que informa al recurso de amparo constitucional, previsto en el art. 19 de la CPE”.

Empero, el Juez de amparo, en lugar de proceder de esta forma, erradamente dispuso el rechazo, situación que en el futuro deberá tomarse en cuenta y considerarse esta circunstancia como causal de improcedencia in limine; a objeto de uniformar el procedimiento en la tramitación de los recursos de amparo constitucional.