SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0013/2006

En el caso de Bolivia, la participación del sector privado en cuanto a la prestación de servicios públicos, adoptó la denominación de capitalización que mereció la promulgación de la Ley de Capitalización, seguida por la LSIRESE que establece el marco regulatorio para los servicios de agua, electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones y transportes. Posteriormente, se crearon el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), que regula las actividades de los sectores de pensiones, valores, seguros y bancos, y el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), que regula los sectores forestal y agrario. Ambos sistemas fueron creados bajo los mismos principios y objetivos del SIRESE.

Respecto a la LSIRESE, la SC 0071/2004, de 16 de julio, señaló: “La citada Ley, en su art. 1 crea el Sistema y delimita sus objetivos, disponiendo expresamente lo siguiente: “Créase el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean incorporados al sistema y que se encuentren sometidos a regulación conforme a las respectivas normas legales sectoriales, asegurando que: a) Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes de la República puedan acceder a sus servicios; b) Tanto los intereses de los usuarios, las empresas y demás entidades regladas cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o constitución, como los del Estado, gocen de la protección prevista por ley en forma efectiva; y c) La potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo con la ley”.

De las normas legales citadas precedentemente, se colige que el Estado Boliviano, reservó determinadas actividades, para que operen bajo un régimen de regulación estatal, denominado SIRESE, que constituyendo un sistema organizado por sectores, con normas propias para cada uno de ellos, ejerce la función de regular, controlar y supervisar las actividades señaladas, u otras que se incluyan por parte del Estado; existiendo al mismo tiempo un ente centralizador para efectos de revisión de las actividades de control de los sectores.

De manera general, se entiende por regulación la serie de instrumentos mediante los cuales, los gobiernos, establecen requerimientos sobre la libre actividad de las empresas y de los ciudadanos. En ese sentido, las regulaciones son limitaciones impuestas a la libertad de los ciudadanos y de las empresas por presumibles razones de interés público. Las regulaciones, así entendidas, se expresan tanto en leyes como en reglamentos y órdenes o actos administrativos producidos en los diferentes niveles de gobierno o en las organizaciones no gubernamentales o autoreguladas que tengan poderes reguladores delegados. Se clasifican en tres categorías:

1º Regulaciones Económicas, con las que se interviene directamente en decisiones de mercado, a través de decisiones orientadas a regular la fijación de precios, la competencia, la entrada o salida en los mercados. La reforma reguladora trata en este sector de incrementar la eficiencia económica mediante la reducción de barreras a la competencia y a la innovación, a menudo mediante la desregulación y el uso de regulaciones proveedoras de eficiencia, y mediante el mejoramiento de los marcos reguladores para el funcionamiento y la supervisión prudente de los mercados.

2º Regulaciones Sociales, con las que se intenta proteger bienes públicos como salud, la seguridad, el medio ambiente y la cohesión social. Los efectos económicos de las regulaciones sociales pueden ser preocupaciones secundarias o inesperadas, pero pueden ser substanciales. La reforma reguladora trata aquí de verificar su genuina necesidad y de diseñar los instrumentos reguladores y otros que resulten más flexibles, simples y más efectivos al menor costo.

3º Regulaciones Administrativas, son las formalidades administrativas mediante las cuales los gobiernos recogen información e intervienen en las decisiones económicas, individuales. Pueden tener impactos substanciales en el desempeño del sector privado. La reforma reguladora intenta en este campo eliminar todo lo que ya no es estrictamente necesario, reduciendo y simplificando su funcionamiento y mejorando la transparencia de su aplicación.

El Sistema de Regulación Sectorial, adoptado mediante la Ley del Sistema de Regulación Sectorial, tiene la finalidad de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción operen con eficiencia, contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tienda a que todos los habitantes de la República puedan acceder a los servicios; asimismo que los intereses de los usuarios, las empresas que prestan los servicios y demás entidades reguladas, gocen de la protección prevista por Ley en forma efectiva; así lo define el art. 1° de la citada Ley. El sistema, como parte del Poder Ejecutivo, se rige por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales”.