SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0241/2006-R

El recurrente solicita tutela a sus derechos a la seguridad jurídica y a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 inc. a) y 16.IV de la CPE denunciando que fueron vulnerados por la autoridad recurrida, puesto que la Aduana Nacional Regional Oruro interpuso en su contra denuncia por el supuesto delito de contrabando, por lo que con la intención de aclarar el hecho se presentó en forma voluntaria ante la autoridad directora de la investigación prestando su declaración informativa el 9 de diciembre de 2004; sin embargo, desde esa fecha la Fiscal recurrida no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 301 del CPP, pues no ha existido imputación formal, ampliación del plazo inicial de investigación o en su caso rechazo de la denuncia, omisiones que conllevan un sinnúmero de perjuicios, toda vez que por más de ocho meses se encuentra en calidad de denunciado, el vehículo supuesto objeto del ilícito se encuentra indebidamente incautado y al no existir una orden expresa que incline su situación a posible autor o no del hecho se encuentra en una impropia persecución penal indefinida lo que afecta de manera directa a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; ante lo cual desde el 2 de marzo de 2005 solicitó reiteradamente la adecuación del Ministerio Público a los plazos establecidos por ley sin que sus solicitudes hubiesen merecido alguna resolución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.