SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0366/2006-R

Sucre, 12 de abril de 2006

Expediente: 2006-13371-27-RHC

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Silvia Salame Farjat

En revisión, la Resolución cursante de fs. 34 a 36, pronunciada el 9 de febrero de 2006 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Henry Javier Choque Flores contra Juan Marcos Terrazas Rojas y Juan de la Cruz Vilte, vocales de la Sala Penal Tercera y de la Sala Penal Primera respectivamente; alegando la vulneración de sus derechos a la libertad física y a la libertad de locomoción, consagrados en los arts. 6.II y 7 inc. g) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 1 de febrero de 2006 (fs. 1 a 5), el recurrente asevera que dentro del proceso penal que se le sigue, estuvo gozando de libertad sujeto a medidas sustitutivas, entre ellas su presentación cada setenta y dos horas; sin embargo, por motivos justificados y de manera involuntaria no pudo cumplir con dicha medida el 12 y 13 de mayo de 2005, ya que estuvo resguardando la vida de su hija, porque presentaba anemia severa, por lo que tuvo que socorrerla con transfusiones sanguíneas y otras atenciones que coparon su tiempo incluso en horas extraordinarias como acredita con los certificados médicos que adjunta; empero, por Auto de 25 de mayo de 2005 le revocaron las medidas sustitutivas y dispusieron su detención preventiva, decisión que por Auto de 27 de enero de 2006 fue confirmada por los vocales recurridos, con el argumento inexistente de que los referidos días 12 y 13, estuvo cometiendo actos delincuenciales y en base a la existencia de sentencias condenatorias pronunciadas en otros Juzgados que patentizaban el riesgo de fuga de acuerdo al art. 247 inc. 3) del Código de procedimiento penal (CPP), lo cual es falso, pues de la revisión del expediente se tiene que no existen tales sentencias, por lo que la presunción hipotética radica en la arbitrariedad de las autoridades recurridas, generando una actividad procesal defectuosa de acuerdo al art. 236 inc. 3) del CPP con relación al art. 169 inc. 3) del CPP.

Señala que al margen de ello, el art. 247 del CPP, establece que la revocatoria de las medidas sustitutivas dará lugar a la detención preventiva, en los casos que ésta sea procedente, por lo que correspondía analizar si la medida era procedente o no, tomando en cuenta los presupuestos del art. 233 del CPP, que en su caso no concurren, pues en cuanto al primero, conforme al principio de presunción de inocencia reconocido por la CPE y los instrumentos internacionales, su inocencia está presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y en su caso no cuenta a la fecha con sentencia ejecutoriada. En cuanto al segundo presupuesto, queda totalmente desvirtuado ya que la etapa del juicio oral y contradictorio ha sido desarrollado en su integridad; además, debe considerarse que sobre la obstaculización los componentes que señala el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), en su caso no concurren, puesto que acreditó tener familia constituida, trabajo estable y domicilio conocido asentado en el país. Al margen de ello, respecto a los presupuestos del art. 235 del CPP, como el peligro de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas, ya no pueden concurrir porque todos los elementos de prueba “han sido desfilados y producidos oportunamente” en el juicio oral, por lo que los incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del citado artículo, se hallan plenamente desvirtuados.

Agrega que la medida que se le ha aplicado es infundada, teniendo en cuenta que la SC 1702/2004-R, de 25 de octubre, señala que para resolver el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización no es suficiente la concurrencia por separado de algunas de las circunstancias previstas por los arts. 234 y 235 de CPP, sino que deben concurrir todas ellas; además, que los recurridos sin fundamentar y sin plena convicción otorgaron a la prueba producida un valor probatorio que no le correspondía, infringiendo así el art. 9 de la CPE y los instrumentos internacionales como también el art. 71 del CPP, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP y apartándose de la jurisprudencia establecida en las SSCC 0067/2001-R, 0584/2001-R, 1013/2001-R, 1068/2001-R, 1177/2001-R y 1187/2001-R.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El recurrente alega la vulneración de sus derechos a la libertad física y a la libertad de locomoción, consagrados en los arts. 6.II y 7 inc. g) de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interpone recurso de hábeas corpus contra Juan Marcos Terrazas Rojas y Juan de la Cruz Vilte, vocales de la Sala Penal Tercera y de la Sala Penal Primera respectivamente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; impetrando sea declarado procedente, por ende, se disponga la revocatoria del Auto y su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus

Efectuada la audiencia pública de 9 de febrero de 2006, con la presencia del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta de fs. 32 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente mediante su abogado ratificó los fundamentos expuestos en su recurso y los amplió en la réplica indicando que los recurridos inventaron “aspectos inexistentes para fundar su determinación”, pues no cursa ningún informe de 26 de mayo de 2005, ni sentencias condenatorias en contra suya.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El vocal recurrido, Juan de la Cruz Vargas Vilte, en audiencia informó lo siguiente: a) el 27 de enero de 2005, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, revocó el Auto de 19 de enero de 2005, dictado por el Tribunal Cuarto de Sentencia, imponiendo al recurrente, las medidas sustitutivas previstas en el art. 240 incs. 2), 3) y 6) del CPP; es decir, la obligación de presentarse cada setenta y dos horas ante el Tribunal mencionado, la prohibición de salir del Departamento y del País ordenando su arraigo y una fianza económica de Bs25.000.-; con lo cual el recurrente obtuvo su libertad; sin embargo, en el proceso original cursa un informe del Secretario de dicho Tribunal, en el que se evidencia el incumplimiento de la medida de presentación cada setenta y dos horas, por lo que en base a dicho informe, mediante decreto de 17 de mayo de 2005, se puso esta situación en conocimiento del Ministerio Público, pero al no pronunciarse se lo conminó, lo que motivó que el 23 de mayo de 2005, la Fiscal, Teresa Ferrufino solicite la revocatoria de las medidas sustitutivas, habiendo por su parte el Tribunal referido por Auto de 25 del mismo mes y año, revocado las medidas y dispuesto la detención preventiva del recurrente; b) siendo apelada la Resolución de revocatoria, fue confirmada mediante Auto de 27 de enero de 2006, en la creencia de que el criterio que se aplicó se ajustó al art. 247 inc. 1) del CPP, al haber incumplido el recurrente el presentarse cada setenta y dos horas ante el Tribunal Cuarto de Sentencia; y si bien el imputado alegó que su incumplimiento se debió a que tuvo que cuidar a su hija que se encontraba delicada de salud, no demostró tal situación; además de tener Sentencias condenatorias en su contra dictadas en los Tribunales Primero y Cuarto de Sentencia, que desvirtúan su presunción de inocencia; y c) el recurso también debió ser planteado contra el Tribunal Cuarto de Sentencia. Concluyendo pidió que el recurso sea declarado improcedente.

En la dúplica el correcurrido Vocal, Juan Marcos Terrazas Rojas, en audiencia señaló: i) el recurrente pretende confundir al Tribunal de hábeas corpus, pues las violaciones al debido proceso, deben ser reclamadas mediante el recurso de amparo constitucional; y ii) el imputado no tiene causa justificada y si la tuvo no la acreditó oportunamente. Con estos argumentos solicitó que el recurso sea declarado improcedente.

I.2.3. Resolución

La Resolución cursante de fs. 34 a 36, pronunciada el 9 de febrero de 2006 declaró improcedente el recurso, bajo los siguientes argumentos: 1) no son de aplicación las normas del art. 233 del CPP, debido a que el recurrente ya fue sometido a juicio dictándose Sentencia condenatoria; 2) los recurridos no infringieron el art. 247 inc. 1) del CPP, puesto que consta en antecedentes que el procesado no se presentó en la Secretaría del Tribunal Cuarto de Sentencia cada setenta y dos horas, como fue determinado por Auto de 27 de enero de 2005; de modo que la actuación de los recurridos, se ajusta a dicho artículo ya que la situación procesal se encuentra dentro de lo dispuesto por el art. 234 inc. 6) del CPP, pues el recurrente ha recibido condena privativa de libertad en primera instancia, y la ejecutoria de dicha Sentencia no es una exigencia del citado precepto por una parte; por otra, el abogado del recurrente admitió en el acta de 27 de enero de 2006, que existe Sentencia condenatoria en su contra; 3) la Sala Penal Primera dictó una Resolución ajustada a los arts. 124 y 236 del CPP, y 4) sobre la actividad procesal defectuosa, ésta debió hacerse valer por medio de recursos de impugnación y no a través del recurso de hábeas corpus.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

A solicitud de la Magistrada Relatora por requerir de documentación complementaria para un mejor análisis y resolución del recurso, la Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante AC 136/2006-CA, de 22 de marzo, solicitó al Tribunal Cuarto de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba remita a este Tribunal Constitucional la Resolución de 23 de septiembre de 2004, dictada por el Juez cautelar que dispuso la detención preventiva del actor; el Auto de Vista de 27 de enero de 2005 que revocó el Auto de rechazo de cesación de detención preventiva de 19 de enero del mismo año; el Auto de 17 de enero de 2006 dictado por el Tribunal Cuarto de Sentencia que rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por el actor y la Sentencia que hubiere sido dictada dentro del proceso penal que motiva el recurso de hábeas corpus (fs. 38 a 39), disponiéndose la suspensión del plazo.

Recibida la documentación solicitada, por decreto de 31 de marzo de 2006 se reanudó el cómputo del plazo procesal, siendo la nueva fecha de vencimiento el mismo día; sin embargo, a solicitud del Magistrado Relator por requerir el expediente de mayor análisis y amplio estudio, al amparo del art. 2 de la Ley 1979, de 24 de mayo de 1999, mediante Acuerdo Jurisdiccional 43/2006 cursante de fs. 63 a 64, se amplió el plazo procesal en la mitad del término principal, hasta el 17 de abril de 2006, razón por la que la presente Sentencia se encuentra dentro de término.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, así como de la documentación complementaria se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado, por Auto de 23 de septiembre de 2004 (fs. 45 y vta.), el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba, dispuso la detención del recurrente y otros, a cumplirse en la cárcel de “El Abra”, con los siguientes argumentos: i) la existencia de suficientes elementos que generan convicción sobre su probable participación en el hecho imputado, porque: fueron identificados por un testigo presencial como las personas que sustrajeron los bienes denunciados como robados en el momento en que los sacaban del inmueble y los trasladaban a un vehículo; éste, que sirvió como instrumento del delito, fue reconocido e identificado por el testigo presencial; y los imputados fueron vistos en el interior del vehículo instrumento del delito; ii) existencia de peligro de fuga previsto en el art. 234 inc. 7) del CPP porque se dispusieron medidas cautelares personales en otros procesos contra los imputados, quienes no acreditaron actividad laboral o económica lícita.

II.2. Ante la solicitud del actor, por Auto de 19 de enero de 2005 (fs. 7 a 9 vta.), el Tribunal cuarto de Sentencia, rechazó el pedido de cesación de detención preventiva con los siguientes argumentos: a) no haberse acreditado contrato de alquiler ni el derecho propietario del inmueble donde el imputado tiene su domicilio en calidad de inquilino; b) el imputado contrajo nupcias en forma posterior a la comisión de los hechos que motivan la causa; c) los certificados de nacimiento de sus hijas no acreditan la existencia de una familia constituida; d) el certificado de trabajo no fue visado por la Dirección Departamental del Trabajo; e) las certificaciones respecto a sus antecedentes y los emitidas dentro del recinto penitenciario, no desvirtúan los motivos que fundaron la detención; f) la defensa no acreditó la inexistencia del peligro de fuga mencionada por el Juez cautelar pues el imputado al margen de los dos procesos acumulados que se encuentran radicados en ese Tribunal, tiene otro proceso penal por el mismo hecho delictivo. Esta decisión fue apelada por el recurrente.

II.3. Por Auto de Vista de 27 de enero de 2005 (fs. 46 vta. a 47), la Sala Penal Segunda revocó el Auto de 19 de enero de 2005, sustituyendo la detención preventiva con las medidas sustitutivas de presentación del imputado cada setenta y dos horas ante la autoridad competente, su arraigo y una fianza económica de Bs25.000.-, con los siguientes fundamentos: 1) el imputado tiene una familia constituida, más aún si se toma en cuenta que su situación matrimonial, fue cambiada de una de hecho a otra de derecho; 2) no es suficiente la existencia de otros procesos sino la necesidad de acreditarse si en el proceso se estaba obstaculizando; 3) el Código de procedimiento penal (CPP) no exige derecho propietario de quien alquila un domicilio, pues de lo que se trata es de identificar uno para fines de ubicación del imputado y asegurar su comparecencia al proceso; 4) para resolver el riesgo de fuga o de obstaculización, deben concurrir las siete circunstancias de riesgo de fuga y las cinco de obstaculización conforme los arts. 234 y 235 del CPP.

II.4. Por Sentencia 10/2005 de 7 de abril (fs. 19 a 23 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de la Capital, dentro del caso 3011992000410694 -distinto al que motiva el presente recurso-, declaró al recurrente y otros autores del delito de robo agravado condenándolos a la pena de diez años de presidio.

II.5. Por Sentencia 07/2005, de 23 de abril (fs. 24 a 31 vta. y 51 a 58 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Capital, dentro del caso 301199200408867, que motiva la presente acción tutelar, declaró al recurrente y otros autores del delito de robo agravado imponiéndoles la pena de quince años de presidio.

II.6. Ante la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas presentadas por la Fiscal, Teresa Ferrufino, por Auto de 25 de mayo de 2005 (fs. 11 a 12), el Tribunal Cuarto de Sentencia, revocó las medidas cautelares impuestas a favor del recurrente, ordenando su detención preventiva en el recinto penitenciario del Abra ante el incumplimiento del imputado de presentarse ante la autoridad judicial cada setenta y dos horas, además por existir Sentencias condenatorias en su contra dentro del caso y también en otro sustanciado en el Tribunal Primero de Sentencia.

II.7. En mérito a la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el actor el 9 de enero de 2006, por Auto de 17 de enero de “2005” (fs. 49 a 50 vta.) el Tribunal Cuarto de Sentencia rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por el actor, bajo el fundamento de que por Resolución de 25 de mayo de 2005 se revocaron las medidas sustitutivas porque el imputado no se presentó a firmar el libro de presentaciones y en mérito a que existían dos sentencias condenatorias dictadas contra el imputado, una pronunciada en el Tribunal Cuarto de Sentencia y la otra eventualmente dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia. Además la decisión se fundó en informes del Director Departamental de la Policía Técnica Judicial (PTJ) en sentido de que el actor fue sorprendido con un revolver, por lo que se infería que los días en los que no se presentó al Tribunal se encontraba dedicado a otras actividades ilegales que culminaron con otra detención.

II.8. Por Auto de Vista de 27 de enero de 2006 (fs. 14 vta. a 15 vta.), la Sala Penal Primera compuesta por los vocales recurridos, declaró improcedente la apelación interpuesta por el recurrente confirmando el Auto de 17 de enero de 2006, con los siguientes argumentos: i) Por Auto de 25 de mayo de 2005, el tribunal inferior revocó las medidas sustitutivas, pues el imputado incumplió la obligación de firmar el libro de presentaciones ante el Tribunal Cuarto de Sentencia; ii) el mencionado Tribunal a tiempo de dictar la Resolución apelada expuso fundadamente que eventualmente concurría el peligro de fuga en lo que respecta al recurrente por cuanto en su contra y en el mismo Tribunal, ya se había dictado una Sentencia condenatoria, aspecto corroborado por el abogado defensor; iii) el Tribunal a quo al rechazar la solicitud de cesación de la detención obró correctamente por cuanto no sólo consideró la circunstancia de que el imputado incumplió su obligación de firmar el libro ante el Tribunal, sino que además fundamentó su decisión en el hecho objetivo de que en contra del imputado se dictó una Sentencia condenatoria conforme el art. 234 inc. 6) del CPP; iv) el imputado no acreditó la existencia de nuevos elementos de juicio que desvirtúen los fundamentos en los que se basan los Autos de 25 de mayo de 2005 y 17 de enero de 2006.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente alega que se han vulnerado sus derechos a la libertad física y de locomoción, pues las autoridades recurridas por Auto de 27 de enero de 2006 confirmaron la revocación de las medidas sustitutivas: a) con el argumento inexistente de que los días 12 y 13 de mayo de 2005 estuvo cometiendo actos delincuenciales; b) en base a Sentencias condenatorias inexistentes; c) sin analizarse si la medida era o no procedente tomando en cuenta los presupuestos del art. 233 del CPP; d) a través de una Resolución infundada que otorgó a la prueba producida un valor probatorio que no le corresponde, incurriendo en un defecto absoluto. Corresponde considerar lo solicitado a fin de otorgar o no la tutela demandada.

III.1. Con relación a la revocatoria de medidas sustitutivas, este Tribunal en la SC 1940/2004-R, de 17 de diciembre, señaló: “ (...) el art. 250 del CPP, dispone que el auto que imponga o rechace una medida cautelar es revocable o modificable aún de oficio, esta previsión legal se vincula con el art. 247 del CPP, que establece las causales de revocación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, a señalar: a) cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas; b) cuando se comprueba que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad. La revocatoria dará lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea procedente. Esta disposición legal fue modificada por el art. 15 de la LSNSC, que incluyó como nueva causal de revocación el inc. c) cuando se inicie en contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito.

La Resolución de revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva debe estar basada en la existencia de nuevos elementos que justifiquen dicha determinación por haberse incurrido en cualquiera de las causales establecidas en el art. 247 del CPP con la modificación establecida por el art. 15 de la LSNSC, a cuyo efecto el juez o tribunal competente está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una Resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP”.

Por otra parte con relación a la cesación de la detención preventiva la SC 1332/2005-R de 26 de octubre, señaló: “(…) En consideración a la utilidad procesal que tienen las medidas cautelares personales previstas en el Código de procedimiento penal, el legislador estableció límites al uso de las mismas determinando en el art. 239.1 del CPP, que la detención preventiva puede cesar cuando: 1) nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, 2) cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito que se juzga; y, 3) cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3) el Juez o Tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el art. 240 del mismo Código.

De lo anterior se desprende que para resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, el juez y/o el tribunal debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción que determinaron la imposición de la detención preventiva? y 2) ¿ Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestra que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?.

Del análisis y compulsa de ambos aspectos, el juez determinará la cesación de la detención preventiva, si con los nuevos elementos de juicio el imputado logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención preventiva o, caso contrario, rechazará la solicitud explicando las razones por las cuales persisten los motivos que la fundaron, sin que aquello implique inmiscuirse en la investigación del hecho”.

III.2. Ahora bien, a efectos de resolver la problemática planteada, es menester precisar, conforme los antecedentes que informan el cuaderno procesal, la relación de las actuaciones procesales producida dentro del proceso penal que motiva el presente recurso; en ese entendido, la primera actuación vinculada a la libertad del recurrente, constituye el Auto de 23 de septiembre de 2004, por el cual el Juez de Instrucción Tercero en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba, dispuso la detención del recurrente y otros, a cumplirse en la cárcel de “El Abra”, al concluir que existían los elementos de convicción suficientes previstos en el art. 233 del CPP, respecto a su probable participación en el hecho porque los imputados -incluido el actor-, fueron identificados por un testigo presencial como las personas que sustrajeron los bienes denunciados como robados en el momento en que los sacaban del inmueble y los trasladaban a un vehículo, el que también fue reconocido e identificado por el testigo presencial y que los imputados fueron vistos en el interior del vehículo. Además esa decisión se sustentó en el art. 234 inc. 7) del CPP pues los imputados estaban siendo procesados en otros tribunales por similares delitos, en los cuales se dispusieron medidas cautelares de carácter personal lo que importaría un riesgo de fuga, y que los imputados no acreditaron una actividad laboral o económica lícita.

Posteriormente por Auto de 19 de enero de 2005, el Tribunal Cuarto de Sentencia, rechazó el pedido de cesación de detención preventiva, que apelada mereció el Auto de Vista de 27 de enero de 2005, por el cual la Sala Penal Segunda revocó la decisión impugnada, sustituyendo la detención preventiva con las medidas sustitutivas de presentación del imputado cada 72 horas ante la autoridad competente, su arraigo y una fianza económica de Bs25.000.-.

Otra actuación que no puede ser soslayada es la Sentencia 07/2005, de 23 de abril, dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Capital, en cuyo mérito se condenó al recurrente dentro del proceso que motiva la presente acción tutelar a la pena de quince años de presidio.

En mérito a la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas presentadas por la Fiscal, Teresa Ferrufino, por Auto de 25 de mayo de 2005 el mismo Tribunal Cuarto de Sentencia, revocó las medidas cautelares impuestas a favor del recurrente, ordenando su detención preventiva en el recinto penitenciario del Abra ante el incumplimiento del imputado de una de las medidas impuestas: su presentación ante la autoridad judicial cada setenta y dos horas, además por existir una Sentencia condenatoria en su contra dentro del caso y también otra en proceso distinto sustanciado en el Tribunal Primero de Sentencia.

Con esos antecedentes, el 9 de enero de 2006, el actor solicitó la cesación de detención preventiva, pedido que fue rechazado por el Auto de 17 de enero de 2006 dictado por el Tribunal Cuarto de Sentencia, bajo el fundamento de que por Resolución de 25 de mayo de 2005 se revocaron las medidas sustitutivas porque el imputado no se presentó a firmar el libro de presentaciones y en mérito a que existían dos sentencias condenatorias dictadas contra el imputado, una pronunciada en el Tribunal Cuarto de Sentencia y la otra eventualmente dictada por el Tribunal Primero de Sentencia; además, porque existían informes de la PTJ de los que se infería que los días que no cumplió con la medida sustitutiva, se encontraba dedicado a actividades ilegales que culminaron con otra detención.

Esta decisión apelada por el recurrente determinó el pronunciamiento del Auto de Vista de 27 de enero de 2006 dictado por los vocales recurridos que declaró improcedente la apelación interpuesta con los siguientes fundamentos legales: 1) Por Auto de 25 de mayo de 2005, el Tribunal inferior revocó las medidas sustitutivas, pues el imputado incumplió la obligación de firmar el libro de presentaciones ante el Tribunal Cuarto de Sentencia, 2) el mencionado Tribunal a tiempo de dictar la Resolución apelada expuso fundadamente que concurría el peligro de fuga en lo que respecta al recurrente por cuanto en su contra y en el mismo Tribunal, ya se había dictado una Sentencia condenatoria, aspecto corroborado por el abogado defensor, 3) el Tribunal a quo al rechazar la solicitud de cesación de la detención obró correctamente por cuanto no sólo consideró la circunstancia de que el imputado incumplió su obligación de firmar el libro ante el Tribunal, sino que además fundamentó su decisión en el hecho objetivo de que en contra del imputado se dictó una Sentencia condenatoria conforme el art. 234 inc. 6) del CPP; 4) el imputado no acreditó la existencia de nuevos elementos de juicio que desvirtúen los fundamentos en los que se basan los Autos de 25 de mayo de 2005 y 17 de enero de 2006.

III.3. Establecidos los antecedentes fácticos que motivan el presente recurso, y a efectos de resolver la problemática planteada, es menester precisar los fundamentos de la parte actora para solicitar la tutela prevista por el art. 18 de la CPE; en ese entendido, el recurrido denuncia que los vocales recurridos al emitir el Auto de Vista de 27 de enero de 2006, confirmaron la revocación de las medidas sustitutivas, con el argumento inexistente de que los días 12 y 13 de mayo de 2005 estuvo cometiendo actos delincuenciales; al respecto, cabe aclarar que el recurrente incurre en un error, habida cuenta que el Auto de 27 de enero de 2006 confirmó la decisión del Tribunal a quo que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva y no aquella que revocó las medidas sustitutivas; por otro lado los fundamentos de la decisión impugnada de ningún modo hacen referencia al aspecto denunciado.

Asimismo denuncia que los vocales recurridos basaron su decisión en sentencias condenatorias inexistentes; sin embargo, en obrados se establece incuestionablemente que contra el actor se pronunciaron dos sentencias condenatorias: la primera dictada el 7 de abril de 2005 por el Tribunal Primero de Sentencia de la Capital, que lo condenó a la pena de diez años de presidio; y la segunda, pronunciada el 23 de abril del mismo año dentro del proceso penal que motiva este recurso, que le impuso la pena de quince años de presidio.

Por último el recurrente denuncia que no se analizó si la medida sustitutiva era o no procedente tomando en cuenta los presupuestos del art. 233 del CPP, al respecto cabe señalar que de acuerdo a los antecedentes fácticos, los requisitos para la detención preventiva previstos por el art. 233 inc. 1) del CPP fueron desarrollados en el Auto de 23 de septiembre de 2004 dictado por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, motivos que no fueron impugnados en el desarrollo del proceso penal, no otra cosa significa que las acciones posteriores asumidas por el actor se refirieron de manera exclusiva al inc. 2) del citado art. 233 del CPP. Ahora bien, la decisión impugnada se basó en la decisión adoptada el 25 de mayo de 2005 por el Tribunal Cuarto de Sentencia, que revocó la medidas sustitutivas porque el actor incumplió una de ella consistente en su presentación ante la autoridad judicial cada setenta y dos horas; es decir, en aplicación correcta del art. 247 inc. 1) del CPP; además, por existir Sentencias condenatorias en su contra dentro del caso y en otros Juzgados -conforme se tiene acreditado en el cuaderno procesal-; esto implica que en el caso particular, no era necesaria una nueva fundamentación respecto al art. 233 inc. 1) del CPP, pues, los fundamentos iniciales que motivaron la detención preventiva se mantuvieron incólumes. Por último, no se tiene acreditado que los vocales recurridos hayan incurrido en un defecto absoluto al otorgar a la prueba producida un valor probatorio que supuestamente no le correspondía, por el contrario, su decisión compulsó adecuadamente la secuencia de decisiones adoptadas en el proceso respecto a la libertad del recurrente.

De lo expuesto, se evidencia que los vocales recurridos al confirmar la decisión del Tribunal a quo de rechazar la solicitud de cesación de detención preventiva, no incurrieron en ningún acto ilegal, sin soslayar que el imputado no acreditó la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva conforme los alcances del art. 239 inc. 1) del CPP. Por consiguiente, la Resolución cuestionada por el recurrente, se encuentra dentro de lo previsto por ley y no vulneró su derecho a la libertad, por lo que no es procedente otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE.

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal del recurso, al declarar improcedente el hábeas corpus, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos en revisión resuelve APROBAR la cursante de fs. 34 a 36, pronunciada el 9 de febrero de 2006 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

DECANA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA