SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0700/2006-R

III.3.1.A ese efecto, con referencia a que la extinción de la acción impetrada por la recurrente Estela Rodríguez Síles, fue resuelta por un simple decreto de 12 de febrero de 2005, es necesario puntualizar que de la documentación cursante en actuados, se constata que, por un lado, la recurrente no reclamó tal extremo ante dicha autoridad judicial, pidiendo su subsanación, vale decir, que si la actora consideraba que su solicitud de extinción de la acción penal  debía ser resuelta mediante auto interlocutorio motivado, conforme previene el art. 123 del CPP, este aspecto debió ser observado y reclamado ante esa autoridad; empero no lo hizo; por otro lado, se advierte que a tiempo de interponer recurso de apelación por intermedio de su apoderado Manuel José Rodríguez, tampoco impugnó esa omisión, convalidando con ello la forma defectuosa de la Resolución que ahora impugna, es decir, al considerar que la Resolución a su pedido de extinción de la acción por decreto era incorrecta, debió agotar las instancias procesales o recursos que el propio Código de procedimiento penal le concede, sin embargo, no lo hizo, pretendiendo a través de la presente acción tutelar, subsanar su negligencia, cuando la tutela que brinda el amparo constitucional está referida a los casos en que han sido agotados los medios que la ley otorga para tal objeto, puesto que dicho recurso tiene como característica la subsidiariedad y no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios de protección que el ordenamiento jurídico prevé, menos para subsanar actos de negligencia en los que puedan incurrir las partes.