SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1670/2010-R

El sobreseimiento como decisión definitiva que pone fin a la intervención del Estado en la persecución penal, fue una actividad reservada hasta la promulgación de la Ley del Código de Procedimiento Penal, al órgano jurisdiccional, siendo delegada por imperio normativo al órgano encargado de la persecución penal, como una medida que puede brindar agilidad al trámite procesal; sin embargo, en base a lo señalado precedentemente, esta decisión debe ser asumida en el marco de la responsabilidad de los representantes del Ministerio Público y en su caso debe encontrarse sustentada en elementos probatorios debidamente compulsados lo que importa desplegar una verdadera actividad de valoración de la prueba y no una simple “estimación” en base a la cual, el fiscal encargado del caso y en su defecto el Fiscal de Distrito, renuncian a nombre y en representación del Estado al ius puniendi.