SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1698/2010-R

En ese contexto, la SC 0323/2010-R de 15 de junio, ha establecido “(…) la persona que se considere agraviada, antes de acudir a esta acción extraordinaria, debe agotar todos los recursos ordinarios que la ley le franquea; dado que no corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que deben ser considerados y en su caso reparados en las vías ordinarias, judiciales o administrativas, previstas en el ordenamiento jurídico, ya que la protección de la jurisdicción constitucional se activa cuando además de agotarse esas instancias, no exista otro medio frente a la vulneración de derechos fundamentales, es decir no toda afectación o lesión puede ser objeto de amparo constitucional”. En la problemática planteada, dentro de la demanda coactiva seguida a instancia de Maribel Villarreal Copaja contra Trifón Mamami Fulguera, en ejecución de fallos, mediante Resolución 296/2007 de 22 de agosto, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, revoco la Resolución 112/07 pronunciada por el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de el Alto de ese mismo Distrito rechazando la oposición formulada por Vicenta Victoria Limachi Pérez, salvando sus derechos a la vía legal correspondiente, concluyéndose sin mayores fundamentos“(…) la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que se reclamaron oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos. Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan en sede constitucional; pues al haber omitido impugnarlos allí oportunamente, no es posible que se active la tutela que brinda el art. 19 de la CPE, por ser subsidiaria". (las negrillas nos corresponden); en ese contexto, en mérito a la jurisprudencia glosada, la ahora accionante, tiene la vía ordinaria para poder dilucidar su mejor derecho propietario, pues, dentro del trámite incidental de oposición, no se discute ni se define un derecho propietario, no siendo el recurso de amparo ahora acción de amparo constitucional la vía idónea para proteger los derechos alegados de vulnerados.