SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1759/2010-R

Toda persona natural o jurídica que demande la protección de los derechos fundamentales, a través de la acción de amparo constitucional debe cumplir necesariamente con los requisitos de forma y contenido establecidos en el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), a objeto de que el juez o tribunal de garantías puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación de las partes, así como la veracidad de los hechos reclamados y los derechos lesionados, para en definitiva otorgar o negar el amparo expresamente solicitado; a su vez tiende a garantizar también que con tales precisiones puedan estar a derecho para asumir defensa en debida forma; razón por la que el incumplimiento o inobservancia de estos requisitos, dará lugar a su rechazo de acuerdo al art. 98 de la citada; pudiendo subsanarse los defectos de forma en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin recurso ulterior, caso contrario se mantendrá el rechazo, y si pese a esa omisión se admite el recurso, ese defecto dará lugar a su improcedencia, lo cual implica que al no haber ingresado al fondo, el accionante tiene la posibilidad si así lo considera, de volver a presentar la acción tutelar, esta vez cumpliendo todos los requisitos y exigencias que rigen a esta acción de defensa. Así ha establecido la uniforme jurisprudencia a través de la SC 1127/2003-R de 12 de agosto, entre otras.

En ese sentido, cabe señalar que, el art. 97 de la citada Ley, enumera los requisitos a ser cumplidos por el recurso de amparo constitucional actualmente acción de amparo constitucional, señalando los siguientes: “I. Acreditar la personería del recurrente; II. Nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal; III. Exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento; IV. Precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados; V. Acompañar las pruebas en que se funda la pretensión; y, VI. Fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o la garantía vulnerados o amenazados”.