SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1854/2010-R

El recurrente, ahora accionante, solicita tutela de los derechos de su representado a la igualdad jurídica, a la libertad física, a la seguridad jurídica, a la defensa y de las garantías al debido proceso y de acceso a la justicia, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas, hoy demandadas, puesto que, dictada la Sentencia condenatoria en contra de su representado, se recurrió de apelación, recurso que fue resuelto mediante Auto de Vista de 19 de julio de 2003, declarándose inadmisible la apelación interpuesta por su representado y procedente la apelación presentada por el Ministerio Público en lo concerniente a la otra coimputada, anulándose la Sentencia sólo respecto a dicha persona, con el referido Auto de Vista supuestamente se habría notificado al abogado defensor de su defendido, extremo que no fue acreditado, sin que exista notificación personal, tal cual establece el art. 163 inc. 2) del CPP y desconociéndose a su vez el art. 123 del mismo Código, por lo que se solicitó nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, petitorio que fue rechazado por los Vocales demandados mediante Auto de 21 de septiembre de 2007, invocando el principio de preclusión, arguyendo además que la Resolución emitida por la Sala Penal Segunda se encontraba ya plenamente ejecutoriada, por cuanto la misma había sido objeto de recurso de casación, sin considerar dichos Vocales que la persona que recurrió fue la coimputada y no así su representado, creándole un verdadero estado de indefensión pues al no habérsele notificado personalmente con el referido Auto de Vista, dejó de ejercer su derecho a impugnar la Resolución dictada en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del representado de los accionantes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.