SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1893/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición y a la propiedad privada, por cuanto dentro de la denuncia que formalizó por hurto agravado de su vehículo, con la orden requerida por el fiscal demando y ordenada por la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal cautelar, se ejecutó el allanamiento a la vez que se procedió al secuestro de su motorizado para posteriormente ser trasladado a un garaje de DIPROVE donde se encuentra hasta la fecha. Es así, que demostrando su derecho propietario solicitó en reiteradas oportunidades al Fiscal de Materia, la devolución de su vehículo, sin embargo dicha autoridad, ha evitado liberarlo y restituirle el derecho propietario que tiene sobre él, con el argumento de que es la Jueza de la causa, quien debe ordenar la devolución de su motorizado, autoridad que  mediante decreto de 7 de marzo de 2007, se declaró incompetente par disponer la devolución del mismo. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes y si corresponde otorgar o denegar la tutela solicitada.