SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1941/2010-R

III.3.1. Con relación a la característica procesal de la inmediatez, inherente a la acción de amparo constitucional, la jurisprudencia constitucional determinó lo siguiente: “… del contenido del art. 129.II de la CPE, transcrito anteriormente, y lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se tiene que el plazo máximo de seis meses para la interposición de esta acción tutelar, se computa a partir de la comisión de los actos denunciados, o de notificada la última decisión administrativa o judicial, cuando existieren medios idóneos para la protección de los derechos lesionados, dado que: '…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional' (…) (SC 0079/2007-R de 23 de febrero) (las negrillas nos pertenecen)” (SC 0521/2010-R de 5 de julio).